En Salta los apremios ilegales, abusos y atropellos de la Policía originan entre 300 y 400 causas al año. Estos expedientes terminan, por lo general, prescriptos sin procesamientos ni condenas. Con un promedio de una de denuncia por día, la investigación de estos casos está a cargo del fiscal de Causas Policiales y Penitenciarias, Gustavo Vilar Rey, desde el pasado 6 de junio. Ese día, recordemos, empezó a aplicarse el nuevo Código Procesal Penal en el Distrito Judicial del Centro que comprende a los departamentos Capital, La Poma, Molinos, Cachi, San Carlos, Chicoana, La Viña, Cafayate, Guachipas, Cerrillos, La Caldera, General Güemes, Rosario de Lerma, Los Andes, Santa Victoria e Iruya.
Una idea de la cantidad de causas presentadas contra policías surgió del primer y último balance bimestral que dio a conocer a los medios con registros oficiales de la citada Fiscalía. De acuerdo ese informe, entre la primera semana de junio y la primera quincena de agosto quedaron radicadas en el despacho de Vilar Rey 167 causas por presuntos delitos cometidos por policías. Y más de dos terceras partes de estos expedientes (el 70%) se relacionan con imputaciones por apremios y torturas.
Las acciones de oficio que apuró el Ministerio de Seguridad, tras la feroz golpiza propinada por efectivos policiales al rugbier Gerónimo Saravia, del Jockey Club de Salta, agregó un nuevo expediente penal a los tantos que aguardan resolución en la mencionada Fiscalía, aunque en este caso, y a diferencia de muchos otros atropellos denunciados, el gobierno provincial dispuso el inmediato apartamiento de 14 efectivos policiales involucrados en el hecho y del propio jefe de la Unidad Regional 1 del organismo provincial de seguridad.
En vista de estos antecedentes, el diputado Claudio del Plá sostuvo que ante el caso del destacado deportista del Jockey Club de Salta hubo “una sobreactuación” del gobierno, porque este caso adquirió relevancia y movió una inmediata reacción política “en función de quién es la víctima”. El legislador del Partido Obrero, en declaración radiales, afirmó que en Salta se actúa contra la Policía “sólo cuando hay una gran presión social o se afecta a negocios como el turismo”.
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En Salta los apremios ilegales, abusos y atropellos de la Policía originan entre 300 y 400 causas al año. Estos expedientes terminan, por lo general, prescriptos sin procesamientos ni condenas. Con un promedio de una de denuncia por día, la investigación de estos casos está a cargo del fiscal de Causas Policiales y Penitenciarias, Gustavo Vilar Rey, desde el pasado 6 de junio. Ese día, recordemos, empezó a aplicarse el nuevo Código Procesal Penal en el Distrito Judicial del Centro que comprende a los departamentos Capital, La Poma, Molinos, Cachi, San Carlos, Chicoana, La Viña, Cafayate, Guachipas, Cerrillos, La Caldera, General Güemes, Rosario de Lerma, Los Andes, Santa Victoria e Iruya.
Una idea de la cantidad de causas presentadas contra policías surgió del primer y último balance bimestral que dio a conocer a los medios con registros oficiales de la citada Fiscalía. De acuerdo ese informe, entre la primera semana de junio y la primera quincena de agosto quedaron radicadas en el despacho de Vilar Rey 167 causas por presuntos delitos cometidos por policías. Y más de dos terceras partes de estos expedientes (el 70%) se relacionan con imputaciones por apremios y torturas.
Las acciones de oficio que apuró el Ministerio de Seguridad, tras la feroz golpiza propinada por efectivos policiales al rugbier Gerónimo Saravia, del Jockey Club de Salta, agregó un nuevo expediente penal a los tantos que aguardan resolución en la mencionada Fiscalía, aunque en este caso, y a diferencia de muchos otros atropellos denunciados, el gobierno provincial dispuso el inmediato apartamiento de 14 efectivos policiales involucrados en el hecho y del propio jefe de la Unidad Regional 1 del organismo provincial de seguridad.
En vista de estos antecedentes, el diputado Claudio del Plá sostuvo que ante el caso del destacado deportista del Jockey Club de Salta hubo “una sobreactuación” del gobierno, porque este caso adquirió relevancia y movió una inmediata reacción política “en función de quién es la víctima”. El legislador del Partido Obrero, en declaración radiales, afirmó que en Salta se actúa contra la Policía “sólo cuando hay una gran presión social o se afecta a negocios como el turismo”.