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Contradicciones que encienden luces de alarma. La Casa Rosada será querellante de la misma empresa a la que financió de manera abismal, a la que no controló de forma adecuada y a la que protegió sistemáticamente durante los últimos años en la Argentina.
Pese a la creciente cantidad de accidentes ferroviarios que se fueron produciendo en los últimos meses y a las constantes denuncias de los usuarios sobre el paupérrimo servicio de TBA, el Gobierno nacional optó por hacer oídos sordos y mirar para otro lado. De hecho, Julio De Vido pudo haber anunciado ayer que, hasta que no se sepan las responsabilidades de la tragedia a nivel judicial, el Estado decidía cortar el millonario subsidio que la compañía de los Ciriogliano recibe cotidianamente.
Sin embargo, no hizo nada de eso, y ayer se supo que la empresa percibió en lo que va del año más de 70 millones de pesos del Gobierno central. ¿Es lógico que los argentinos financien una compañía que no tenga ningún control por parte del Estado? ¿Qué investigación se abrió tras la auditoría de 2008 que ya hablaba de irregularidades enormes en el servicio? ¿Por qué De Vido no aceptó ninguna pregunta de la prensa? La fatalidad obliga a una urgente revisión de todo lo hecho hasta ahora.