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Funcionarios de la Provincia evitaron expresarse ayer sobre el fallo de la Corte Suprema de Justicia que reafirmó que las mujeres embarazadas tras una violación no necesitan autorización judicial para abortar y que no podrán ser penadas.
Después de la histórica decisión judicial, el Ministerio de Salud Pública de la Provincia tendrá que unificar criterios para atender pedidos de interrumpir embarazos por parte de salteñas abusadas.
Ayer resultó difícil, sin embargo, obtener precisiones de miembros de la cartera sanitaria sobre el tema que acapara la atención de todos los sectores.
En el Hospital Público Materno Infantil no hubo profesionales que pudieran explicar a El Tribuno qué cambios habrá después de la resolución, que también libera a los médicos de la responsabilidad penal si realizan un aborto luego de una violación.
Miembros de otros servicios ginecológicos del sector público también se excusaron de expresarse al respecto.
En el Ministerio de Salud respondieron que las máximas autoridades no podían dar información por estar de viaje.
El gobernador Juan Manuel Urtubey había dicho el martes que no opinaría sobre el fallo de la Corte porque lo desconocía. El mandatario hizo esta declaración al ser consultado sobre el tema tras la inauguración de un jardín de infantes en Orán.
La decisión de la Justicia deja abierta la posibilidad de que un médico se niegue a interrumpir un embarazo por una objeción de conciencia. Pero el Estado deberá garantizar que otro profesional realice la práctica.
Distintos organismos esperan que se defina cómo actuará la Provincia para asegurar que se cumpla con el fallo.
“Es muy importante el rol del Ministerio de Salud para aplicar un protocolo de atención a víctimas de violación”, dijo ayer a El Tribuno Beatriz Guevara, miembro de la Comisión de la Mujer de la UNSa.
Guevara señaló que “debe existir un padrón de objetores de conciencia porque el Estado va a tener que garantizar que se haga el aborto no punible”, en casos de abuso.
La cuestión tiene gran impacto social en Salta. La provincia fue noticia a nivel nacional en noviembre de 2011, cuando se detuvo a la madre de una nena de 13 años que había sido violada y murió tras un aborto.
La Justicia determinó que la interrupción del embarazo se había hecho con un método farmacológico y consideró que la mujer podía ser “responsable” del fallecimiento de su hija por ayudarla a conseguir la droga.
Entidades que defienden los derechos de género habían expresado su malestar porque no se garantizaba el acceso al aborto seguro para mujeres abusadas y, en cambio, se apresaba a la madre de una víctima.
El Hospital Público Materno Infantil atiende a seis salteñas cada día tras la interrupción de un embarazo, ya sea de manera natural o inducida, según se conoció en noviembre.
Los datos
Hubo 500 denuncias por abuso sexual en nueve meses. Son los casos que ingresaron a la Justicia para ser investigados entre enero y septiembre de 2011 en Salta Capital y municipios cercanos. Se sabe que muchas víctimas de violaciones no llegan a denunciar.
- Antecedente. El fallo de la Corte sobre el aborto se refería a un caso de abuso en la provincia de Chubut pero fijó jurisprudencia.
- Norma. La sentencia estableció cómo debe interpretarse el Código Penal en lo referido al aborto tras el abuso a una mujer.
- Práctica. Las mujeres violadas que pidan interrumpir el embarazo deberán firmar una declaración jurada que explique la situación.