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La crisis energética, los problemas de caja y, sobre todo, el enojo con los viejos amigos de la familia Ezkenazi detonaron la crisis que, al parecer, dejará al menos el gerenciamiento de YPF en manos del Gobierno.
Existe una decisión tomada por el Gobierno y compartida el jueves por los gobernadores de las provincias petroleras, cuando se reunieron con la Presidenta: el Estado argentino debe recuperar el control de YPF, a través de una estatización parcial que le devuelva una suerte de “acción de oro” como la que existió después de la privatización y hasta 1999.
La otra certeza es que la crisis energética negada, existe. Los elogios hacia Repsol y hacia el grupo Ezkenazi se transformaron en reproches. Julio De Vido decía en diciembre de 2010 que, gracias a las inversiones de esta empresa, “se puede esperar que en cuatro o cinco años el país tenga reservas para 80 o 90 años”.
El ministro definía a YPF sentenciando: “Se articuló la sinergia entre capital argentino y capital español; así se logró la excelencia de la empresa, como dijo la Presidenta. También es importante resaltar que Antonio Brufau, de Repsol, a partir de 2005 toma una visión de apertura, de entender los procesos de la Argentina y por supuesto él fue el que tomó la decisión de incorporar el capital nacional”.
Todo esto es un pasado que, a partir de diciembre de 2011, el Gobierno trata de borrar. Enojado con Ezkenazi, dejó en manos de Axel Kiciloff parte de la avanzada sobre la empresa y el resultado es un conflicto de consecuencias impredecibles y muy difícil de timonear.
De todos modos, Ezkenazi se irá. Cabe preguntarse si hacían falta tan malos modales, la descortesía gratuita hacia los empresarios y el Gobierno español, y la campaña de deterioro del valor de YPF en los mercados.
Si Ezkenazi entró en 2008 sin poner un dólar, el Estado pudo entonces y puede ahora hacer lo mismo.
Problemas de caja
No solo están enojados los españoles, el mundo empresario teme que el “vamos por todo” termine en un tsunami. Y están preocupados los gobernadores porque el proyecto atribuido a Kiciloff está pensado en el modelo del Estado nacional como administrador del subsuelo, cuando, desde 1994, este es propiedad de las provincias.
El problema no es ideológico, sino de caja.
La desaceleración de la economía se traduce en caída de los recursos. Si el Estado nacional se queda con el control de YPF para hacer caja y seguir subsidiando la energía, las regalías hidrocarburíferas podrían dejar de fluir hacia las provincias con regularidad.
Cabe destacar que desde que Roberto Lavagna renunció en 2005, el país no ha tenido un ministro de Economía en serio, con capacidad de proyección, que es lo más importante de esa función.
La industria, el campo y las pymes empiezan a sentir el impacto.