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El cuerpo de Santillán también fue destruido por explosivos luego de que una patota policial irrumpiera en su domicilio del pueblo de General Mosconi. El dirigente se resistió por espacio de dos horas para proteger a su esposa Irma Yolanda Prado e hijos menores. Finalmente fue reducido y su restos aparecieron esparcidos en el camino a Acambuco, en Tartagal.
En su dictamen el fiscal Ricardo Toranzos sentenció que está probado que Santillán estaba sindicado por la autoridad militar como que sustentaba ideología de izquierda. La víctima era secretario de la Juventud Peronista (línea Ragone- Cámpora), habiendo trabajado en YPF hasta el 30 de julio de 1976 y se desempeñó como gremialista antes del golpe. Por este crimen, junto a Ríos Ereñú, fue imputado el coronel Mulhall. Ambos fueron considerados autores del delito de privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida con violencia, en concurso real con el de homicidio agravado por alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas