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El juicio relacionado con la megacausa por delitos de lesa humanidad que se inició el lunes pasado en Salta permitirá desentrañar el “modus operandi” que utilizaron los represores para eliminar a los que consideraban enemigos de la Fuerzas Armadas y para sembrar el terror en la población civil. De acuerdo con el procesamiento que dictó la Justicia Federal, se reafirma la teoría de que la represión ilegal en el país comenzó en 1975 como preludio del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
La denominada “Causa de la UNSa” tiene en su haber a 37 víctimas y a 19 imputados en el banquillos de los acusados. Por el grado de responsabilidad que tenían para decidir la vida y la muerte de quienes consideraban “enemigos del sistema”, era lógico que no podían faltar el exjefe de la Guarnición Ejército Salta Carlos Alberto Mulhall, el exjefe de la Policía provincial Miguel Raúl Gentil y su lugarteniente, el comisario general Joaquín Guil. Los dos primeros fueron sentenciados a perpetua por la masacre de Palomitas y por el secuestro y la desaparición del exgobernador Miguel Ragone. En tanto que Guil recibió la pena máxima por esta última causa.
Las caras nuevas del histórico juicio muestran a la cabeza al general Héctor Ros Ereñú, ex jefe del Ejército durante la gestión de Alfonsín, acusado como autor mediato de los secuestros y asesinatos del médico Pedro Enrique Urueña y del dirigente de la JP Jorge René Santillán, ocurridos en Tartagal y General Mosconi, respectivamente. A Urueña lo hicieron desaparecer el 16 de diciembre de 1975 y a Santillán el 10 de agosto de 1976, cuando Ríos Ereñú se desempeñaba como jefe del Regimiento de Infantería de Monte 28 Tartagal. Nicolasa Ester Tristán, pareja de Urueña, contó que el médico fue secuestrado por cinco individuos armados que irrumpieran en la vivienda que ocupaban a una cuadra de la comisaría de Tartagal. Al día siguiente el cuerpo del profesional fue encontrado dinamitado en el camino a Balbuena, a 60 metros de la ruta nacional 34. El juez instructor pudo acreditar que el motivo de su muerte fue que la autoridad militar le endilgaba un pensamiento ideológico marxista y por ese motivo sufrió varios allanamientos en su domicilio por distintas fuerzas de seguridad en horas de la madrugada y también en horas del día. Luego de su desaparición, los vecinos hallaron en un medidor de luz una carta anónima, en la que se indicada el lugar en el que encontraba su cuerpo, en la que se daba a conocer que fue juzgado y encontrado culpable de alta traición a la patria por “participar del marxismo apátrida y traidor”.