inicia sesión o regístrate.
Con el déficit habitacional que asuela a la provincia, los salteños que accedieron a un terrero optan por comprar una casa prefabricada para disminuir los tiempos de construcción y los costos. El problema es que si bien son una solución para la demanda de viviendas, este sistema de construcción no tiene control ni de registro ni de inspecciones. Hasta ahora, por el Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines (Copaipa) nunca pasó un plano de este tipo de viviendas para revisar, entre otras cosas, el cumplimiento de las normas sísmicas, lo que deriva en construcciones que al final terminan siendo clandestinas.
Ante la proliferación de este tipo de construcciones, hay que preguntarse: ¿qué es lo que compramos?, ¿quién lo certifica? y ¿qué responsabilidad le cabe al propietario de este tipo de viviendas?
Cuando uno quiere comprar una casa prefabricada, antes de montarla o de construirla hay que gestionar la autorización de los planos y, por ende, de la obra. Según la jurisdicción, hay que presentar el plano en la Municipalidad, y si cumple con las normas de edificación establecidas obtiene un visado. De ahí la gestión continúa en el Copaipa, que es el encargado de dar el visto bueno al cumplimiento de las normas sismorresistentes y normas eléctricas. Luego el plano vuelve a la Municipalidad, se aprueba y recién se debería empezar la obra.
Una de las dificultades actuales que tiene el organismo competente es que no puede dar visado a aquellos sistemas de construcción no tradicionales porque el 95% de las empresas que los hacen no tienen un certificado de aptitud sísmica que otorga el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres). Con este certificado se aprueba el sistema constructivo y el material.
“Si bien en cada diseño se plantea una estructura distinta, sí exigimos el certificado de Inpres”, aseguró José Luis García, revisor de las normas de sismorresistencia en el Copaipa.
En el caso de las prefabricadas, hasta ahora, no pasó ningún plano de este tipo para ser aprobado por los revisores del Consejo Profesional.
Para controlar si la construcción refleja lo que dice el plano, la Secretaría de Planeamiento Urbano de la Municipalidad es la encargada de inspeccionar las obras, de paralizarlas y hasta de realizar multas si la construcción no cumple con los requisitos básicos o si presenta irregularidades en la obra.
La norma y la discusión
El Código de Edificación de la ciudad adhiere a la ley provincial de verificación de normas sismorresistentes 5556, que establece que toda estructura que se presente en el territorio provincial tiene que cumplir con las condiciones que señala las normas del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) que rigen en todo el país. Actualmente están en vigencia la ley Inpres-ISO 103, que aprobó el Instituto en 1991 y que se debe aplicar en toda la obra pública; la ley local lo hace obligatorio también en las obras privadas.
En en el caso de la madera para casas prefabricadas, en el Inpres y en el Centro de Investigación de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles (Cirsoc) se mantienen en discusión las normas respecto de este material.
Desde el Copaipa explicaron que lo que se le pide al profesional es que garantice que los cálculos se hagan según la norma vigente, para ver cómo inciden las fuerzas en esa estructura y se garantice que las uniones de esa estructura soporten esa incidencia.
“Somos conscientes de que son estructuras livianas, con buen comportamiento, y lo que hacemos es que se garanticen las uniones de una pared con otra”, sostuvo García.
La discusión del Cirsoc en el Inpres tiene que ver con la resistencia de la madera y las consideraciones en el cálculo. En tanto, la discusión actual en los organismos es sobre en quién debe quedar la responsabilidad de presentar los planos y conseguir los certificados necesarios para tenerlos aprobados e iniciar la construcción.
“Se trata de que las constructoras de este tipo de casas o materiales se preocupen por tener ese certificado que da el Inpres porque si no son los propietarios los que tienen que hacer aprobar los planos y por cuenta propia gestionar ese papel en el Inpres”, sostuvo el ingeniero García.
Los beneficios del sistema
Optar por materiales de construcción no tradicionales tiene que ver con un concepto de ahorro de energía que, por ejemplo, se emplea para disminuir el gasto que implica calefaccionar una casa.
En Salta, como en otras provincias el país, el uso del sistema de construcción tradicional (ladrillos y hormigón) sigue siendo el más elegido, aunque ingenieros y arquitectos apuestan por el cambio de cultura que se vincula con utilizar sistemas industrializados de construcción.
Al parecer, estos sistemas, certificados y con controles de calidad en los materiales que los conforman, no solo se comportan mejor que los que se hacen manualmente, sino que reducen el uso de energía y proponen hasta reciclar materiales.
Cambio de mentalidad
“En Salta el uso del ladrillo tiene que ver con la cultura; la gente que vende estas casas de sistemas industrializados está en la lucha del cambio de mentalidad”, dijo José Luis García, revisor de normas de sismorresistencia del Copaipa.
Aunque se pensaría que la elección de este tipo de materiales está vinculada con la correspondencia de Salta con una zona sísmica elevada, en realidad esto no es así.
La elección de sistemas industrializados tiene que ver con optar por uno que permita acortar los tiempos de terminación de una casa, un local comercial y hasta un galpón .
“Hasta que no bajen los costos, no sé si se van a poder imponer porque en realidad lo que impera hoy, lamentablemente, es el costo versus seguridad”, explicó García.
Hay varias empresas denunciadas
Varias empresas locales y del interior que comercializan casas prefabricadas fueron denunciadas en la Secretaría de Defensa del Consumidor de la Provincia por incumplimientos en la entrega del material, la calidad del mismo y falta de terminación. Santiago Godoy, titular de esta Secretaría, dijo: “Estamos trabajando para implementar algún tipo de reglamentación y registro para las casas prefabricadas para evitar abusos hacia los consumidores”. Para alcanzar este objetivo, Godoy señaló que requerirán de las entidades vinculadas con el tema y que cuentan con personal técnico capacitado que servirá de ayuda para el accionar de la Secretaría.
Aunque no fueron muchas las denuncias, Godoy dijo que se registraron este año unas siete denuncias realizadas a empresas que construyen casas prefabricadas y algunas de sistemas industrializados.
Los principales motivos que dan origen a las denuncias están vinculados con el retardo en los plazos de entrega de la casa, incumplimiento en las instalaciones internas de la casa o con ambientes de la vivienda pactados, además de la calidad del material.
Godoy resaltó que quienes deseen comprar una casa prefabricada y quieran consultar si esa empresa tuvo o no denuncias en la Secretaría, se pueden comunicarse al teléfono 0387-4317599 o dirigirse personalmente a España 1350.