inicia sesión o regístrate.
El Gobierno de Salta negó que intente obstaculizar el aborto para las víctimas de violación, como señala una demanda judicial del Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades. La Provincia pide que intervenga el Ministerio Público en estos casos y la ONG sostiene que solo deben actuar los médicos. La Corte de Justicia debe resolver el tema.
Un decreto estableció en marzo que las mujeres embarazadas como producto de la violencia sexual deben hacer una denuncia policial o exponer el delito en una declaración jurada ante el Ministerio Público si quieren interrumpir el embarazo.
El Gobierno de Salta fijó este parámetro después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinara que se puede detener la gestación sin autorización de un juez en casos de violación.
El Tribunal que preside Ricardo Lorenzetti dispuso que la práctica debe hacerse sin requerir otros trámites más que “la manifestación de la víctima ante el médico tratante”.El Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades y la defensora oficial Natalia Buira hicieron una presentación judicial para que se declare inconstitucional el decreto que exige una declaración ante el Ministerio Público o denuncia penal para que se haga el aborto.
Las denunciantes sostienen que los términos que se impusieron en Salta no respetan lo que dispuso la Corte Suprema ni el artículo 86 del Código Penal, que permite la intervención sin pasos burocráticos.
La ONG considera que el Gobierno intenta dilatar la interrupción del embarazo y que pone en riesgo el derecho de las víctimas.
El reclamo apunta contra el decreto de Juan Manuel Urtubey y contra la guía para realizar abortos a mujeres abusadas que firmaron los ministros de Derechos Humanos, María Pace, y de Salud Pública, Enrique Heredia. La Provincia contestó a la demanda y pidió que la Justicia la rechace “en todos sus términos”. En un escrito, negó que la actuación del Ministerio Público busque demorar o entorpecer el acceso al aborto legal y agregó que actuó de acuerdo con el criterio de la Corte Suprema.
“La Provincia pone el foco en corroborar si existió el delito y no en los derechos de las mujeres que sufrieron violencia sexual”, dijo, sin embargo, Natalia Buira a El Tribuno.
El debate debe resolverse en la Corte de Justicia de Salta, lo que sucederá después de la feria judicial de dos semanas que empieza el lunes.
Tras la respuesta oficial a la denuncia, se deben terminar de presentar los alegatos de las demandantes y luego la causa quedaría en condiciones de llegar a la sentencia.