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De la reunión en la sala de Acuerdos no hubo un acta, pero Posadas le entregó a Kauffman, a su pedido, una nota -inusual- corroborando el desacuerdo. Ese papel, la jueza lo hizo llegar a Diputados, donde actúa su marido Guillermo Martinelli, y logró que dos diputadas solicitaran un pedido de informes sobre una supuesta discriminación de género.
La designación de una secretaria de Corte es una decisión íntima de ese cuerpo y jamás puede intervenir otro poder del Estado. La razón es simple: la Corte es el órgano natural de control de la Legislatura y no puede entonces la Legislatura influir para colocar a alguien que luego pueda convertirse en informante clandestino. En realidad, ni el Poder Ejecutivo, ni la Legislatura ni “la gente de la UNSa” pueden intervenir en estos asuntos. Más allá del escándalo protagonizado por Martinelli, cuando intentó golpear al diputado Cristóbal Cornejo, la gravedad institucional del caso radica en que una jueza lleve a otro poder una cuestión interna, para forzar una decisión del resto de los magistrados. Según algunos miembros de la Justicia, el caso encuadra en la figura de “coacción agravada”.
Lo sorprendente fue la inmediata adhesión de las diputadas Virginia Cornejo (PPS) y Liliana Mazzone (FD). Ellas saben que no pueden pedir informes a la Corte por un tema interno. Probablemente hayan influido en sus ánimos viejos rencores por fallos adversos emitidos por el tribunal. Virginia Cornejo se vio obligada a pagar costas en un litigio que perdió cuando objetó la composición de la Auditoría. Y Mazzone fracasó al pretender cobrarle 200 millones de pesos a la Provincia cuando prohibieron los radares en la ruta a Güemes, colocados ilegalmente por la municipalidad de Campo Santo y manejados por una empresa vinculada a la legisladora.