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La Cámara de Diputados se convirtió anoche en caja de resonancia del escándalo provocado por la filmación de cinco policías en General Güemes sometiendo a vejámenes a dos detenidos.
Hubo fuertes críticas a la ministra de Seguridad, María Pace, por la pasividad con que tomó un hecho de semejante envergadura. Al cierre de esta edición, las defensas de su gestión habían sido muy endebles.
Fueron unánimes las condenas a la violación de los derechos humanos de los detenidos y los pronunciamientos a favor de una mejor policía; también se autorizó a la comisión de Derechos Humanos a acompañar la investigación judicial.
La ministra Pace había reconocido que fueron muchas las denuncias por torturas recibidas durante su gestión, pero no informó en ningún momento sobre la investigación que debió realizarse. Incluso, en la misma comisaría de Güemes y en la misma época -probablemente, en la última semana de mayo de 2011- se habrían producido los vejámenes y tormentos denunciados por Carlos Giménez, detenido en primera instancia en la causa conocida como “narcopolicías”.
Los diputados opositores Mario Avalos y Liliana Mazzone reprocharon la inacción de la ministra. El cegetista Jorge Guaymás fue más lejos y cuestionó que “pretenda tapar su incapacidad tratando de buscar culpas en el pasado”. Lo dijo en respuesta a declaraciones de Pace en las que hizo referencia a las gestiones precedentes.
El radical urtubeicista Matías Posadas esbozó una defensa. Recordó que fue el mismo Gobierno provincial el que presentó el video ante la Justicia y, a pesar del tiempo transcurrido, enfatizó sobre la celeridad oficial por esclarecer el hecho. Además, sugirió que las torturas en las comisarías serían una “herencia del neoliberalismo de los años noventa”; esto llamó la atención entre sus pares, porque la picana eléctrica fue creada ya en los años '30, por Leopoldo Lugones, el hijo comisario del poeta.
El norteño Darío Valenzuela recordó la muerte en 2010 de la joven chorote Evangelina Pisco, y las denuncias de torturas formuladas por los amigos interrogados por su extraña muerte. A su vez, Claudio Del Plá (PO) dijo que las denuncias de torturas pocas veces fueron resueltas, y exigió que se investiguen las responsabilidades políticas. También solicitó que la Cámara se constituya en querellante de la causa de Güemes, aunque sus pares le indicaron que esto es imposible dado que el Estado no es víctima d e las torturas sino que debe ser garante de los derechos humanos.
Finalmente, el presidente de la Cámara baja, Manuel Santiago Godoy, durante su intervención, consideró que la solución de fondo consistirá en profundizar las políticas de Estado puestas en marcha en 2005. En ese año se construyó la alcaidía en la Ciudad Judicial y se proyectaron otras en el interior de la provincia para alojar a los detenidos fuera de las comisarías y dejarlos a cargo del Servicio Penitenciario
Pedido de prudencia
La diputada Liliana Mazzone no obtuvo anoche un apoyo firme a su denuncia contra la jueza Beatriz Renzi, a la que acusa de avasallar sus fueros legislativos en una querella criminal por injurias que le inició el juez de la Corte Abel Cornejo.
La mayoría de los legisladores aconsejaron “prudencia” a la legisladora por considerar que Renzi no vulneró su privilegio de “inmunidad de opinión”, sino que solo le corrió traslado de la querella de Cornejo.
Mazzone acusó a la jueza Correccional y de Garantías de 5ª Nominación por abuso de autoridad y violación a los deberes de funcionario público, y la amenazó con iniciarle un jury.