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El presupuesto argentino está en la mira internacional. Según un organismo mundial, el país cayó diez posiciones en el ranking de transparencia presupuestaria que elabora el International Budget Partnership, y se ubicó en el puesto 40 de cien países analizados. El país quedó detrás de Brasil, Chile, México, Colombia y Perú entre los países de la región analizados en la encuesta de presupuesto abierto para la conformación del ranking.
El Gobierno proporciona solo alguna información sobre el presupuesto, y no produce un presupuesto ciudadano ni realiza una revisión de mitad de año, necesaria por la cantidad de modificaciones que sufre la “ley de leyes” en el año. El país fue calificado con 50 puntos sobre 100, lo que implicó una disminución respecto de las mediciones de 2008 y 2010, en las que obtuvo 56 puntos. La encuesta realizada en el país por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) evalúa si el Gobierno central pone a disposición del público ocho documentos presupuestarios clave, y si los datos son oportunos, exhaustivos y útiles. En 2012, los primeros puestos fueron para Nueva Zelanda (93 puntos), Sudáfrica (90) e Inglaterra (88).
Por su parte, la puntuación de la Argentina supera el puntaje promedio de los 100 países medidos (43 puntos), pero es inferior a la de Brasil (73 puntos), Chile (66 puntos), México (61 puntos), Colombia (58 puntos) y Perú (57 puntos).
Así, el nivel de transparencia presupuestaria argentina es comparable con el de Costa Rica, Turquía, Bosnia, Ghana y Botswana. Según explicó Luciana Díaz Frers, directora del Programa de Política Fiscal de Cippec, la Argentina produce seis de los ocho documentos analizados en la encuesta, pero dos de ellos no se publican a tiempo.
El Poder Ejecutivo Nacional publica oportunamente el proyecto de ley de presupuesto, la ley aprobada, los informes de ejecución durante el año y el informe de fin de año. Por su parte, el informe de auditoría -una evaluación de las cuentas del Gobierno que realiza la Auditoría General de la Nación (AGN)- se publica a tiempo pero debería incluir resúmenes ejecutivos con avances de las evaluaciones a partir de los seis meses posteriores al cierre del año fiscal.