Al cierre de esta edición y con el debate aún abierto, se descartaba que esta madrugada, alrededor de las 4, el Senado nacional daría media sanción al proyecto de ley que unifica los Códigos Civil y Comercial.
Las posturas estaban bien diferenciadas durante el extenso debate, aunque el mayor peso lo tenía el kirchnerismo, al contar con votos suficientes para aprobar el proyecto que recién el próximo año sería tratado por Diputados.
El oficialismo defendió los puntos clave del nuevo Código: la eliminación de la responsabilidad civil del Estado (que es tratada en Diputados como una ley aparte) y los puntos acordados con la Iglesia. La oposición le retrucó exactamente esos puntos, sobre todo lo relacionado a la responsabilidad civil del Estado, el inicio de la existencia humana y la eliminación del derecho al agua.
Marcelo Fuentes, miembro informante del oficialismo, sostuvo que “esta reforma es el recupero del concepto de la libertad”, y defendió la decisión de retirar del nuevo Código la responsabilidad civil del Estado.
“El derecho administrativo es un derecho público local, no se puede imponer una legislación común a los estados provinciales a través del Código Civil”, afirmó.
El radical Ernesto Sanz le retrucó que con el proyecto “se rompió el concepto de la igualdad”, porque “la reparación” para quien se vea afectado por una acción del Estado “no va a ser igual para el habitante de una provincia que de otra”.
Sanz también cuestionó “el otorgamiento de concesiones inaceptables a sectores sociales”, en referencia a la Iglesia y la modificación del artículo 19, en el que quedó establecido que “la existencia de la persona humana comienza con la concepción”, algo que para la UCR va a contramano de la reproducción asistida.
También cuestionó que se eliminara del artículo 241 el “derecho humano al agua”.
“¿Por qué el acceso al agua es un tema que tenga que estar codificado?”, inquirió el oficialista Aníbal Fernández. Y el radical Luis Naidenoff le respondió: “Con la eliminación de este derecho, los más perjudicados son los más marginales”.
La senadora por Salta, Sonia Escudero consideró “una gran decepción” la “renuncia a avanzar en el derecho indígena”, que dejó librado a una ley especial el derecho de los pueblos indígenas a la propiedad comunitaria del suelo que habitan.
También consideró “injusto” que los nacidos por técnicas de reproducción asistida puedan conocer al donante solo cuando existan “razones fundadas” o por motivos de “salud”, mientras que los adoptados no deben cumplir con estos requisitos para conocer a su familia biológica.
Otro salteño, Agustín Pérez Alsina, anticipó su rechazo al proyecto de ley por el apuro “en tratar en un día las reformas de 295 artículos que se hicieron sobre el proyecto original”, la eliminación de la responsabilidad del Estado y la “pesificación de deudas” a través del nuevo Código.
Diputados dio media sanción a la
ley de responsabilidad del Estado
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Al cierre de esta edición y con el debate aún abierto, se descartaba que esta madrugada, alrededor de las 4, el Senado nacional daría media sanción al proyecto de ley que unifica los Códigos Civil y Comercial.
Las posturas estaban bien diferenciadas durante el extenso debate, aunque el mayor peso lo tenía el kirchnerismo, al contar con votos suficientes para aprobar el proyecto que recién el próximo año sería tratado por Diputados.
El oficialismo defendió los puntos clave del nuevo Código: la eliminación de la responsabilidad civil del Estado (que es tratada en Diputados como una ley aparte) y los puntos acordados con la Iglesia. La oposición le retrucó exactamente esos puntos, sobre todo lo relacionado a la responsabilidad civil del Estado, el inicio de la existencia humana y la eliminación del derecho al agua.
Marcelo Fuentes, miembro informante del oficialismo, sostuvo que “esta reforma es el recupero del concepto de la libertad”, y defendió la decisión de retirar del nuevo Código la responsabilidad civil del Estado.
“El derecho administrativo es un derecho público local, no se puede imponer una legislación común a los estados provinciales a través del Código Civil”, afirmó.
El radical Ernesto Sanz le retrucó que con el proyecto “se rompió el concepto de la igualdad”, porque “la reparación” para quien se vea afectado por una acción del Estado “no va a ser igual para el habitante de una provincia que de otra”.
Sanz también cuestionó “el otorgamiento de concesiones inaceptables a sectores sociales”, en referencia a la Iglesia y la modificación del artículo 19, en el que quedó establecido que “la existencia de la persona humana comienza con la concepción”, algo que para la UCR va a contramano de la reproducción asistida.
También cuestionó que se eliminara del artículo 241 el “derecho humano al agua”.
“¿Por qué el acceso al agua es un tema que tenga que estar codificado?”, inquirió el oficialista Aníbal Fernández. Y el radical Luis Naidenoff le respondió: “Con la eliminación de este derecho, los más perjudicados son los más marginales”.
La senadora por Salta, Sonia Escudero consideró “una gran decepción” la “renuncia a avanzar en el derecho indígena”, que dejó librado a una ley especial el derecho de los pueblos indígenas a la propiedad comunitaria del suelo que habitan.
También consideró “injusto” que los nacidos por técnicas de reproducción asistida puedan conocer al donante solo cuando existan “razones fundadas” o por motivos de “salud”, mientras que los adoptados no deben cumplir con estos requisitos para conocer a su familia biológica.
Otro salteño, Agustín Pérez Alsina, anticipó su rechazo al proyecto de ley por el apuro “en tratar en un día las reformas de 295 artículos que se hicieron sobre el proyecto original”, la eliminación de la responsabilidad del Estado y la “pesificación de deudas” a través del nuevo Código.
Diputados dio media sanción a la
ley de responsabilidad del Estado
Minutos antes de la medianoche, la Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado el proyecto del Poder Ejecutivo que limita la responsabilidad civil del Estado y lo desliga de los daños que puedan producirse a través de las prestadoras de servicios públicos. La votación resultó favorable a la propuesta del Gobierno, con 129 respaldos, 105 rechazos y dos abstenciones.
Tras el desenlace, la Cámara tenía previsto continuar con la sesión especial en la madrugada, para abordar el proyecto que sube los impuestos a los vehículos de alta gama, embarcaciones y aeronaves, además de otras propuestas sin disidencias.
El Frente para la Victoria consiguió la aprobación pese al rechazo de la oposición, que durante el debate criticó que la cuestión no se zanjara dentro del nuevo Código Civil y coincidió en que el Gobierno busca una “autoamnistía” para sus funcionarios. Los bloques antikirchneristas también cuestionaron que la Nación “invite a adherir” al proyecto a las provincia, al considerar que podría haber reglamentos diferentes para casos similares dentro del país.
Tras ocho horas de discusión, a cargo del cierre del debate del FpV estuvo el vicepresidente del bloque, Pablo Kosiner, quien señaló que la iniciativa del Gobierno “tiene base constitucional, que es más importante que discutir si está dentro del Código Civil o no”.