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Luis Bárcenas interpuso ayer una demanda por “despido improcedente” contra el PP, el partido para el que trabajó y manejó las cuentas durante 31 años.
El exgerente y extesorero del PP no solo emprendió así la vía jurisdiccional laboral contra su partido sino que, además, reveló algunos datos que contradicen las versiones oficiales ofrecidas hasta ahora.
Bárcenas sostiene que trabajó para el PP como asesor desde marzo de 2010 (cuando oficialmente abandonó su relación laboral con el PP) hasta el pasado 31 de enero, cuando fue dado de baja sin su consentimiento. Durante ese tiempo percibió 21.300,08 euros brutos al mes, incluido el prorrateo de las pagas extraordinarias.
El propio presidente del PP y del Gobierno, Mariano Rajoy, quiso destacar la semana pasada sin citar su nombre, que Bárcenas había dejado de tener hace años responsabilidades y relación con el partido.
Y el lunes, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, explicó que en marzo de 2010 los servicios jurídicos del partido habían pactado con el aludido una solución a su relación laboral que denominó “indemnización por despido diferido”, algo que la legislación laboral vigente no permite. En los días anteriores el PP había asegurado que esa relación se había roto, lo que ahora fue desmentido por el imputado.
El extesorero del PP rubricó su demanda de despido improcedente previa a la vía jurisdiccional laboral el pasado 19 de febrero, justo después de regresar de su último viaje al extranjero (Canadá) y tras conocer que la actual secretaria general, María Dolores de Cospedal, había tramitado contra él una demanda por el derecho al honor. Sin embargo, Bárcenas no presentó la demanda de despido improcedente contra el PP hasta el lunes 25, día que tenía señalado en su calendario de retos judiciales, cuando pasó varias horas en la Audiencia Nacional declarando ante el juez Pablo Ruz por un posible delito fiscal tras saberse que llegó a acumular más de 22 millones de euros en una cuenta en Suiza.
Luego de declarar el lunes ante el juez, Bárcenas quedó impedido de salir del país y tiene la obligación de entregar su pasaporte y presentarse a la Justicia cada 15 días.
Delante del juez Ruz, para responder por la procedencia de su dinero, manifestó que su riqueza se eleva a 38 millones de euros y no a 22 como se creía. También habló de las cuentas ocultas del PP y presentó pruebas.