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No hay precedentes de un impacto tan negativo y tan profundo en la opinión pública salteña, contra la administración de Juan Manuel Urtubey, como el que provocó la difusión de la lista de adjudicatarios del barrio Lomas de Medeiros. Un buen termómetro para medirlo podría estar en la cantidad y calidad de los comentarios en los portales de noticias y en las distintas redes sociales. Es que los hechos desmentían el relato gubernamental. Lo descalificaban por hipócrita, en una semana que Urtubey inauguró con un discurso en la Legislatura, donde afirmó que los pilares de su gobierno son la equidad, la inclusión y la integración. En las primeras horas de la mañana del viernes, cuando aún no había tomado plena conciencia de las repercusiones, el gobernador relativizó el tema, anunciando que aún quedaban inmuebles disponibles en ese lugar para ser otorgados a quienes cumplieran con los requisitos y aclaró que aquellos beneficiarios que no cumplieran con los mismos serían desadjudicados. Lo primero era cierto: increíblemente aún quedaban 11 casas sin futuros propietarios. A las desadjudicaciones comenzaron a planificarlas desde las primeras horas del sábado, como una de las estrategias para tratar de minimizar el daño. Pero ya era tarde para remediarlo. ¿O acaso Urtubey desconocía la lista de postulantes que cumplen funciones en su gobierno, o son parientes, amigos y conocidos de sus funcionarios?
En este sentido, un “coordinador” de una secretaría del gobierno comentó en uno de los bares donde algunos empleados del gobierno pasan buena parte de sus jornadas laborales, que “Juan conocía la lista y no sé por qué -se preguntaba- tiene que poner la cara por algunos buscas”. También dijo, resentido, que a él, que no tiene casa, lo perjudicaron “porque me querían mandar a otro lado. Un barrio adonde no voy ni mamado, prefiero seguir viviendo con mis viejos”, aclaró.
¿A la búsqueda de chivos expiatorios, anunciará Urtubey esta semana que Pablo Robbio Saravia, nada menos que el secretario Legal y Técnico de la gobernación, el último que controla los decretos antes de girarlos al gobernador para su firma, no está en condiciones de ser adjudicatario porque tiene varias propiedades? ¿Y le pedirá la renuncia por el intento de fraude, en su condición de funcionario público, a la normativa vigente en el Instituto Provincial de Vivienda? ¿Qué hará entonces con el coordinador financiero del Ministerio de Economía, que a su vez es socio del ministro Carlos Parodi en una empresa familiar? ¿Apartará de la nómina de felices adjudicatarios a los amigos y amigos de sus amigos, que no necesitan de la ayuda del Estado para acceder a una vivienda? Porque se sabe que cualquiera sea la operatoria, cualquiera sea el anticipo y el monto de las cuotas, solo pueden acceder a viviendas financiadas o cofinanciadas por el Estado, aquellos que no son propietarios o usufructuarios de un inmueble.
Los responsables son los otros
La estrategia defensiva comenzó a perfilarse ayer, con una solicitada del Instituto Provincial de la Vivienda publicada en la página 27 de El Tribuno. Y por supuesto no podía Urtubey dejar de aludir a su obsesión, Juan Carlos Romero. Salvo que alguien piense que a la solicitada la redactó por su propia iniciativa Fernando Alesanco, el presidente del IPV. Es como si tratara de neutralizar la publicación en 1999 de su ya incunable libro, “Sembrando Progreso”, en el que sostuvo que con sus políticas el ex gobernador “marcó un punto de inflexión en la historia de Salta”, por las inversiones en infraestructura y desarrollo que “favorecen a los sectores más carenciados”. En la solicitada, dice el gobernador que un gran porcentaje de los que figuran en la lista, fueron inscriptos con anterioridad al 10 de diciembre de 2007. ¿Quiénes? ¿Robbio Saravia, Rovaletti Lagos, el secretario del Ministerio de Seguridad; su secretaria; Sebastián Ortiz de Rosas, el coordinador del Ministerio de Economía; su odontólogo; su peluquero; los parientes de su secretario privado; sus amigos y los amigos y parientes de sus amigos? También sostiene que muchos de los que figuran en la lista “ya fueron desadjudicados”. ¿Cuándo?
Luego, en un gambito leguleyo, aclara que por un cambio de normativa “posterior al 10 de diciembre de 2007” (otra vez sopa), “el status de adjudicatario se adquiere con posterioridad a la entrega de las viviendas”. De manera que podríamos concluir, según Urtubey, que Robbio Saravia y otros potenciales infractores a la normativa del IPV solo se postularon. Pero al comprobar las autoridades que no reunían los requisitos para hacerlo, no pudieron entrar a la categoría de adjudicata rios. ¿A qué viene entonces tanto es cándalo?