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El caso del desalojo ocurrido el jueves pasado en el barrio 17 de Octubre trasciende el mero conflicto entre particulares. Mientras Karina Roselos denuncia que “nadie se está haciendo cargo de nosotros, no vino ninguna asistente social a verme” y continúa asentada en una cancha con seis hijos menores y dos nietos bebés, Silvia Chaparro, quien le inició juicio para recuperar el lote, decidió exponer públicamente sus argumentos. “Yo también soy una víctima de la Provincia”, asegura.
La otra versión
Silvia cuenta que tiene cuatro hijos a cargo y vive con su madre. Agrega que hace 13 años está tratando de que le restituyan su terreno, que compró en 1997 a Celedón Construcciones SRL. Pero transcurridos tres años de esta operación Antonio Orozco, el marido de Karina Roselos, y su familia se lo usurparon. Por esta razón ella los denunció por primera vez en octubre de 2000. En mayo de 2005 Orozco fue procesado por el delito de usurpación y se le ordenó que desalojara el terreno. Según declaró el presidente del centro vecinal del barrio 17 de Octubre, Roberto Juan Racedo, en la causa -que se tramita en el Juzgado de Sexta Nominación, a cargo de José María Alvarado Solá-, en aquel entonces esa entidad consiguió un terreno a los Orozco. Este lote se ubica a la vuelta del que está en litigio. Pero pasado un tiempo, Orozco vendió ese terreno e ingresó en noviembre de 2006 otra vez en la manzana 374 B lote 10. Orozco apeló su procesamiento, pero la Cámara de Acusación lo confirmó en junio de 2007.
En mayo de 2008 se dio intervención a la Provincia para que haga valer sus derechos. Ese mismo mes, la Dra. María Lisa Falcone, con poder de Fiscalía de Estado y en representación de la Provincia, tomó intervención en la causa. En agosto de 2011 Orozco fue de nuevo procesado y en febrero de 2012 fue notificado de una nueva orden de desalojo.
En marzo del año pasado, la Dra. María Lisa Falcone informó que el lote “no fue avaluado ni pagado por la Provincia”. En octubre de 2012 fue confirmado el procesamiento a Orozco por la Cámara de Acusación.
Además la fiscal penal 2 solicitó en siete oportunidades que se ordene el desalojo de Orozco del domicilio.
En marzo de 2013 se presentó la Provincia como actor civil, pero se la rechazó por lo aportado por Fiscalía de Estado. Y es esta parte del proceso la que se encuentra en apelación.
Tierras expropiadas
Claudia Costa, abogada de la señora Chaparro, define que “ni Orozco ni la Provincia tienen derecho sobre ese terreno”. Consultada sobre el jury que se iniciaría al juez Alvarado Solá expuso: “Me llama la atención la conducta que está asumiendo el Estado. Acá hay un malentendido. El speach de ellos es ‘esto es del Gobierno’ y eso no es real”. Luego especificó que hay dos leyes de expropiación sobre la matrícula anterior a la 157.300 -cuyo título de propiedad posee Chaparro-: la 7086 (de 1998) y la 7296 (de 2004), pero que en el caso de esta última transcurrieron dos años y la Provincia no accionó. Por ello el decreto caducó. “La Provincia interpuso un recurso de apelación en la causa para restituir la propiedad al Sr. Orozco y privarle de su derecho a la Sra. Chaparro. Estamos hablando de un Estado que está defendiendo al usurpador, al delincuente”, expresó.
A la Corte
La Corte de Justicia dispuso ayer requerir las actuaciones y documentación correspondientes al trámite de la causa por usurpación tramitada originalmente en el Juzgado de Instrucción Formal de Sexta Nominación más un expediente sobre expropiación. La solicitud fue dispuesta a partir de un pedido de avocamiento o salteo de instancia presentado por la Provincia de Salta y el Ministerio de Derechos Humanos de la Provincia. La causa penal se encontraba apelada en la Sala II del Tribunal de Impugnación y la expropiación como prueba en la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial.