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El fiscal ante la Cámara del Crimen Sandro Abraldes apeló el fallo que declaró prescrita una causa por un crédito incobrable de 106 millones de dólares concedido en los '90 por el Banco Provincia de Buenos Aires a la Sociedad Rural, para un megaemprendimiento de entretenimientos en el predio ferial de Palermo que nunca llegó a concretarse.
La medida fue apelada la semana pasada, antes de que trascendiera la noticia y generara la reacción presidencial.
“En esta causa en la que se investigan hechos gravísimos de corrupción, el juez de Primera Instancia estimó que había transcurrido el término de la prescripción, en base a la calificación que le asignó a los sucesos -defraudación por administración fraudulenta, en concurso ideal con falsedad ideológica de instrumento público- porque a su entender se había superado todo plazo razonable” para arribar a un fallo definitivo, señaló Abraldes.
Pero discrepó con esa decisión y advirtió que “el transcurso de un supuesto de plazo razonable a modo de factor de prescripción” debe estar condicionado por “lo irrazonable, insostenible y escandaloso de las demoras, inútiles paréntesis, alzamientos contra el superior, incurría funcional y una constante revisión de hecho de los decidido por quienes tienen a su cargo el cumplimiento de diversos actos procesales”.
Del dictamen se desprende que el exceso en el plazo razonable se debió a las presentaciones de los acusados y a las propias demoras en que incurrió el Poder Judicial.
La causa judicial lleva 16 años de tramitación.