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Al tanto de las dificultades que está teniendo para imponerse en los principales distritos de la Argentina, el Gobierno nacional salió a jugar fuerte en la campaña y a tomar algunos riesgos de impredecibles consecuencias en el corto plazo. El controvertido acuerdo entre YPF y Chevron y el repentino impulso a gravar la renta financiera son dos medidas de altísimo impacto público en lo económico, pero que revelan también serias contradicciones en el relato kirchnerista a solo tres domingos de las elecciones más trascendentes de la última década. En materia política, las cosas no están muy distintas.
En momentos en los que las identidades parecen cada vez más difusas, tanto en el oficialismo como en la oposición, la designación de César Milani al frente del Ejército agrega inesperadamente a la campaña un debate que al kirchnerismo lo incomoda como pocos. Nunca antes la política de derechos humanos le había traído semejante disyuntiva a la Presidenta: sostener a un funcionario que está muy desprestigiado para mostrar fortaleza o cambiarlo y aceptar un error en un momento crucial como el de ahora.
Ayer, por citar un ejemplo concreto, no fue casual que la jefa de Estado se muestre con Estela de Carlotto y resalte fuertemente su militancia en el tema.
Cristina sabe mejor que nadie que los oficialismos tienden a ganar los votos con actos de gestión y no con discursos proselitistas, ya que es poco lo que los candidatos pueden prometer tras diez años de su Gobierno en la cima del poder absoluto.
¿Quién va a sentirse seducido por un candidato que repite eslóganes y que no puede reconocer problemas como la inflación o la inseguridad porque hacerlo sería pegarle a su propio Gobierno? La respuesta, en medio de una apatía generalizada por los comicios de agosto, parece obvia: solo los que tiene su voto decidido de antemano, que no son la mayoría.
No fue casualidad que tras más de diez meses de negociación, y en medio de sombríos resultados desde la expropiación de YPF a la fecha, se haya difundido el acuerdo con la petrolera estadounidense recién esta semana. En medio de un año con escasos recursos para anuncios grandilocuentes en los que ni siquiera se eliminó el impuesto a las ganancias del aguinaldo, Cristina quiere hechos palpables para no perder la iniciativa política y mostrar una gestión activa y presente.
El Gobierno buscó instalar que está tomando decisiones de fondo para la economía y que en el país siguen llegando inversiones desde afuera, discurso que la oposición usa cotidianamente para pegarle al kirchnerismo.
Sin embargo, el convenio fue tan beneficioso para Chevron que dejó el relato nacionalista de lado y puso en evidencia la incapacidad de YPF para conseguir el autoabastecimiento energético que se había prometido inicialmente.
Está claro que la Casa Rosada eligió el resultado concreto para exhibir en medio de la campaña por sobre los cuestionamientos que recibe y recibirá por ello. Autorizar a una petrolera estadounidense a que exporte sin retenciones y a que saque sin problemas sus ganancias al exterior será un costo político imposible de no pagar para el kirchnerismo. El Gobierno nacional y popular, como se llama a sí mismo, parece tener ahora más de popular que de nacional.
“Las críticas al acuerdo con Chevron son de sectores muy puntuales que no nos votarían nunca. Sabemos que la única forma de levantar a nuestros candidatos es mostrando gestión, y explotar un yacimiento importantísimo como Vaca Muerta es gestión, de eso no hay dudas. Con esto, estoy seguro de que ganamos más de lo que perdemos ante la opinión pública”. Las palabras fueron pronunciadas ayer por un influyente legislador del oficialismo que pidió estricta reserva de su identidad.
Más allá de esas declaraciones, esta vez no hubo cadena nacional para anunciar el acuerdo ni ningún acto público con bombos y platillos. Todo fue sigiloso, tal como ocurrió con las extraordinarias condiciones que se le dieron a la petrolera para instalarse en la Argentina. Esa moderación en un Gobierno que no suele ser para nada moderado puede actuar como una admisión de que la noticia tendría rápidamente sus cuestionamientos.
Un proyecto reclamado
La repentina decisión del kirchnerismo de avanzar sobre la renta financiera sí es una medida de alto consenso popular, pero es imposible sacarla del debate electoral. De izquierda a derecha, todos los partidos políticos de la oposición venían reclamando hace años que la actividad financiera pague impuestos como todos los trabajadores de la Argentina. Las razones que el Gobierno usaba para no hacerlo nunca fueron muy convincentes, como no lo son ahora tampoco para fomentarlo.
Nada dijo Cristina ni sus ministros sobre cómo harán para bajar el impacto de Ganancias de los bolsillos de los trabajadores. Esa es una espina que pesa sobre millones de personas que no tienen capacidad de ahorro pero a quienes el Estado les quita una porción importante de sus ingresos.
Probablemente, el proyecto para gravar la renta financiera anteceda a alguna reforma en Ganancias una vez que se haya cambiado la estructura impositiva del país. No hacerlo, desde ya, puede traer fuertes problemas con el sindicalismo, cada vez más cerca de la unidad de acción.