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El cabo de la Policía Miguel Adolfo Jesús Peralta (32), quien había denunciado ante la Justicia Federal que efectivos de la Brigada de Investigaciones de General Gemes se robaron dos bolsos con ladrillos de cocaína durante un operativo clandestino relacionado con el caso conocido como “narcopolicías” y realizado el 26 de mayo de 2011 en la ruta provincial 8, fue destituído y cesanteado. “Yo vi cuando efectivos levantaban dos bolsos grandes con droga. En el momento en el que ellos se percataron de que yo estaba en el lugar se hicieron señas con las manos. Luego le informé a quien era mi superior inmediato, el ex director de Drogas Peligrosas y actual jefe de Policía, Marcelo Lami, sobre lo que había observado. Era mi obligación, pero nunca más me recibió y a partir de ese momento padecí una persecución. Fui amenazado. Me dijeron que de alguna forma u otra me iban a sacar de la fuerza. Ahora eso está a la vista. Me notificaron de una cesantía”, expresó Miguel Peralta.
El hombre recibió en su domicilio una copia del decreto 1306, firmado por el gobernador Juan Manuel Urtubey, el secretario general de la gobernación Ramiro Simon Padrós y el ministro de seguridad, Alejandro Cornejo D'Andrea. En el mismo se hace referencia a un sumario administrativo en contra de Peralta por la presunta obtención de un arma de forma irregular. “Por ese supuesto hecho, que es mentira, ya había recibido una sanción: 45 días de arresto. Tengo entendido que no se puede juzgar a una persona dos veces por lo mismo. Además, nada de eso figura en el registro de la Jefatura de Policía y, sin embargo, ellos determinaron la destitución”, sostuvo Peralta.
En tanto, Pablo Cardozo, abogado de Peralta, manifestó:“No hay absolutamente ninguna falta o problema que él pueda llegar tener administrativamente que justifique tremenda decisión. Su foja de servicio es brillante. No registra antecedentes penales. Incluso en el mismo decreto de cesantía está claro que esta situación es planteada por la Jefatura de Policía y, sin embargo, la decisión viene firmada por el Poder Ejecutivo Provincial”. Peralta aseguró que en 2011 concretó tareas de investigación interna, encomendadas por Lami, en General Güemes, ante irregularidades y sospechas de corrupción, ya que no habían procedimientos de ninguna naturaleza, como si el departamento fuera “zona liberada”. Aquel 26 de mayo fue enviado para hacer un relevamiento en la zona. Vestido de civil y de incógnito descubrió a efectivos de la Brigada de Güemes levantando dos bolsos, en el sector de una curva. En ese mismo lugar, el día anterior, había sido descubierto un contrabando de 50 kilos de droga que eran transportados por el entonces jefe de Inteligencia Criminal, Gabriel Giménez, el encargado de la zona norte, Carlos Gallardo, y el narcotraficante colombiano José Irahola Silverman (prófugo). “Esta es la concreción definitiva de la amenaza, algo que veníamos anunciando que iba a suceder. Mi cliente vio una situación muy delicada. Estuvo presente cuando se estaban llevando droga y dinero que deberían haber incautado. Aquí hubo una apropiación indebida de elementos que eran susceptibles a ser materia de secuestro. Hubo irregularidades en el procedimiento que no fueron consideradas por la Justicia Federal”, dijo Cardozo.
Miguel Peralta, padre de dos niños de 3 y 7 años, relató el drama que le toca vivir desde que vio aquel cargamento de droga.
El excabo dijo que desde el mismo momento en que vio a aquellos brigadistas advirtió que su vida y carrera estaban en riesgo.
“Sufrí amenazas de forma directa e indirecta. Rompieron mi vehículo. Por eso pedí una custodia de Gendarmería para mi familia y para mí, pero nunca me la enviaron”, sostuvo el excabo de la Policía.
“Estuve con carpeta médica, caí en un pozo depresivo que duró tres meses, bajé 10 kilos. Hice tratamiento psicológico y psiquiátrico. Tuve problemas con mi esposa, de quien estoy separado, y también con mis familiares a raíz de la denuncia, porque no supieron entender lo que hice, dicen que los puse en riesgo, que no medí consecuencias. Siento temor, pero estoy tranquilo porque considero que hice lo correcto, según mi criterio, formación y estudios. Hay gente a la que le molesta la verdad”, añadió.
El exefectivo se refirió a la situación económica que atraviesa y la sensación de incertidumbre en la que está sumergido.
“Es malísima. Me disminuyeron el sueldo cuando me pasaron a situación pasiva. No desempeño ninguna actividad actualmente y ahora que me notificaron de la cesantía no sé si seguiré recibiendo mis haberes.
Quiero que todo esto se aclare. Es demasiada injusticia. Ojalá las camarillas policiales tengan su fin”, finalizó indignado.
“La cantidad de droga y dinero que figura en el expediente es menor a la que se halló. Hubo una apropiación del cargamento, estimamos que mayor a los 200 kilos y de dinero, unos 800 mil dólares, por parte de ciertas personas, y eso terminó con consecuencias negativas para mi representado, quien está sufriendo porque se considera un buen funcionario público que hizo lo que correspondía”, manifestó el abogado Pablo Cardozo. “La Policía atraviesa un momento crítico en el que son evidentes las diferencias entre los buenos policías y los que desgraciadamente están llevando adelante el destino de la institución”, expresó. El letrado anunció que presentará un recurso de reconsideración ante el gobernador Juan Manuel Urtubey y un recurso de amparo por la pérdida de la fuente laboral. “El caso de los narcopolicías ya tuvo su veredicto y ahora van contra mi representado para acallar la verdad del escándalo policial que conmocionó a la provincia”, culminó.