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El interventor del IPV Matías Posadas dialogó anoche con El Tribuno. Dijo que con la nueva estructura del IPV creará una unidad de control y que solicitará actuaciones a la Auditoría General. Afirmó que si surge “la presunción de un delito” se pasará la información a la Justicia.
Tras el escándalo por las contrataciones directas a empresas de familiares de funcionarios, el lunes renunció Fernando Alesanco a la presidencia y ayer confirmaron que apartan del cargo de gerente de Control de Obras a Fernando Zalazar Ruiz. Posadas, además, sostuvo que se revisarán adjudicaciones de casas.
Hay pedidos de informes de Diputados ¿Cuándo responderá?
Yo tomé posesión el miércoles al mediodía. Lo primero que hice fue pedir informes técnicos para poder dar respuestas a quienes tienen en sus manos el control político, el Poder Legislativo. Además, me he comunicado telefónicamente con el presidente de la Auditoría. Les voy a requerir que hagan auditorías en distintas áreas del IPV, particularmente en la parte del Control de Obras. De esa manera se generará toda la información necesaria para poner a disposición. Si de esa información surge la presunción de algún delito, eso se gira a la Justicia para que haga la investigación en los ámbitos que corresponde. Nosotros seremos sumamente respetuosos.
Yo creo que aquí en el IPV hay un excelente equipo de trabajo. Es un instituto de la administración pública modelo en términos de organización interna, con mucha gente profesional y con recursos humanos muy capacitados.
Lo que nos interesa con esta intervención es generar toda la información posible para disipar cualquier tipo de dudas porque entendemos que es lo que corresponde y que es lo que nos pidió el gobernador.
Yo aquí no soy un fiscal. Yo tengo la responsabilidad de generar, a través de esta intervención, un nuevo perfil de gestión pero en paralelo seguir avanzando con la generación de información que corresponde a un organismo público para evitar todo tipo de especulaciones periodísticas, políticas o del tipo que sea. Y que sea la Auditoría la que tome las decisiones saque las conclusiones que correspondan.
¿Continuará Zalazar Ruiz como jefe de Control de Obras?
Mañana ( por hoy) voy a anunciar el nuevo esquema de trabajo en el IPV. Esta intervención permite hacer una restructuración. Esta intervención permite reestructurar y dar la posibilidad a lo que pidió el gobernador que es darle otro perfil al IPV. Que pueda justamente trabajar muy fuerte sobre la comunicación de políticas del Instituto.
En ese marco anunciaré los responsables de cada una de las áreas. Particularmente hay un área que reemplazará a la actual gerencia de Control de Obras. No seguirá Zalazar y habrá otros cambios. Voy a promover a mucha gente de carrera, que viene trabajando hace años.
Queremos hacer una estructura más ágil, más pequeña, con contacto directo y sin intermediarios en los distintos niveles: el área social, el área de proyectos, el área de control de Obras, y vamos a crear un área de sistema para generar una fuerte inversión en tecnología que permita acercar la información y democratizar la gestión que realiza el IPV hacia la sociedad.
Vamos a crear también un área de control y de auditoría interna para hacer un seguimiento de todos los procesos y generar mayor eficiencia de estos, con un control permanente. Una auditoría que yo quiero tener como sustento y como acompañamiento en esta gestión
¿Cuál será el lugar de Zalazar Ruiz y Simoliunas? Documentos evidencian sus vínculos con empresas favorecidas...
En principio voy a designar un nuevo responsable del área de Control de Obras. Zalazar no era un funcionario de planta permanente. No sé cuál será su destino. Yo particularmente me voy a apoyar mucho en los empleados de carrera y en los profesionales que ya vienen trabajando en el IPV.
Usted dijo, según distintos medios, que en el IPV había sospechas fundadas e infundadas. ¿Cuáles son unas y otras?
Primero hay un error en esa nota, que se tomó de una red social. Yo dije que se han vertido sospechas sobre el IPV y que nosotros tenemos que trabajar para generar toda la información. Yo no he realizado ningún tipo de aseveración porque no tengo los elementos. No me corresponde a mí determinar qué sospechas o que aseveraciones son fundadas o son infundadas. Entiendo que acá hay una fuerte campaña política en el marco de una coyuntura, donde muchas acusaciones, particularmente las de diario El Tribuno, tienen que ver más con cuestiones de la política que con un control periodístico.
¿Por qué esa afirmación?
Es evidente. El diario tiene un claro perfil opositor. Esto yo ya lo dije. No tengo problema en repetirlo. Entiendo que hoy el diario es una herramienta política más que una herramienta periodística con el respeto de todos sus empleados. Es evidente que se genera mucha desinformación con una intencionalidad netamente política.
En las notas no hubo intencionalidad política. Los informes son fundamentados con pruebas que cualquiera puede consultar, hasta en Internet. Las contrataciones están en el Boletín Oficial. En base a documentación se evidencian las irregularidades que hubo en el organismo..
Puntualmente, es la primera vez que tengo la oportunidad de hablar con El Tribuno y se han hecho muchas afirmaciones de distintos funcionarios, muchas veces sin que tengamos la posibilidad de una réplica o de que previamente se chequee la información con nosotros. Pero eso es un análisis que yo hago desde la política y me parece que también lo advierte un sector importante de la sociedad.
¿Ya revisó algunas contrataciones directas que favorecieron a ICA, a 4HS y a Fefermax?
Llevo poco más de 24 horas. Les pedimos a las áreas técnicas los informes correspondientes de todo el trabajo para contar con esa información y poder contestar los pedidos de informes. Voy a solicitar a la Auditoría de la Provincia y vamos a crear un área de control interno que va a depender directamente de la intervención para ir generando hacia adelante y hacia atrás todos los mecanismos de información que le den tranquilidad a todos. Lo que no podemos hacer nosotros es prejuzgar y definir cuestiones anticipadamente. Lo que corresponde es que nos munamos de toda la información y a partir de ahí poder sacar conclusiones.
En los últimos meses se cuestionó la entrega de viviendas a funcionarios y a sus familiares. Hasta Fernando Alesanco firmó una entrega para su hermano y para Zalazar Ruiz. ¿Va a revisar todas las adjudicaciones del IPV?
Se revisa previa y posteriormente. Si hay alguna adjudicación que no cumple con los requisitos inmediatamente la vamos a desadjudicar porque es lo que corresponde dentro de la normativa del IPV. En este sentido me reuní con el área jurídica.
Queremos tomar algunas medidas que tengan que ver con la pronta recuperación de viviendas que no son habitadas. Y lógicamente, cuando se entrega una vivienda sin cumplir con los procedimientos –algo que hay que analizarlo caso por caso- se lo va a desadjudicar. El Estado tiene siempre la posibilidad de revocar, pero hay que probar la irregularidad, y no anticiparla ni juzgarla de antemano. Hay procedimientos administrativos que hay que cumplir.
¿Pero se seguirán adjudicando viviendas a funcionarios?
Nunca en la historia del IPV existió una resolución como la que firmó el gobernador que determinó la prohibición de que ministros, secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo sean beneficiarios. Esta posibilidad existió siempre pero el gobernador fue quien la limitó.
En esta gestión de Gobierno, también el anterior interventor limitó las ampliaciones de viviendas. Hay muchas decisiones que se van generando para dar tranquilidad a la población sobre cómo se otorgan las viviendas del IPV.
Hay un decreto del gobernador que fija la obligación de generar algunas reglamentaciones como es el caso de las ampliaciones, que es un proyecto prácticamente listo. También ahora el IPV se va a vincular con el Consejo Económico Social.
¿Hasta ahora el Ministerio Público no requirió ningún tipo de información?
No. Nosotros estamos justamente estamos acercando la documentación. Hasta ahora son todos trascendidos periodísticos que tienen que ver con un trabajo de investigación.
Usted dijo que le dará un perfil político al IPV. ¿Cómo definiría político?
El IPV es un organismo público y lo público se define desde la política, en el buen sentido de la palabra, con decisiones políticas. Nosotros somos parte de un proyecto político que definió como prioridad de su gestión la política social y uno de sus ejes es la política habitacional. Esto hizo que en los últimos años se hayan duplicado la cantidad de viviendas. Nosotros vamos a poner en valor toda esa gestión política con el sustento técnico del IPV.
Si bien dijo que no tuvo mucho tiempo para ver la documentación, nos llama la atención que, por ejemplo, como representante técnico de Premoldeados del Norte aparezca el mismo representante técnico Ruiz que ICA. Entonces van a compulsa con el mismo representante técnico. ¿Alguien ya le dio explicaciones sobre eso?
Yo tengo y tenemos hasta acá la investigación periodística del diario.
Están los papeles
Está plasmado en un diario, del que yo particularmente tengo una opinión. Algunos confiarán en la información y otros no. Eso tiene que ver con el propio juego de las opiniones de cada uno. Yo estoy esperando tener toda la información. Hay cuestiones que son técnicas, que tienen que ser valoradas por los órganos técnicos. Particularmente los análisis que hagan los contadores, los que haga la unidad que comienza a funcionar de auditoría interna y lógicamente la auditoría de la provincia.
¿Habló con el gobernador sobre el tiempo demandará la intervención?
Esto se tiene que ver estos días. Aún no pude ver en detalle el decreto de la intervención. Calculo que no se extenderá más de ocho meses.
¿Considera que era necesaria una intervención?
Yo creo que es una decisión del gobernador, que es quien define los tiempos y el perfil que le quiere dar a cada una de las áreas de Gobierno. Hoy realiza una intervención y pone como interventor a un dirigente de la política, que además tiene preparación y experiencia técnica y profesional, entendiendo que este es el perfil que hoy necesita el IPV.
Usted también dijo en declaraciones periodísticas que no solo la gente de bajos recursos necesita una vivienda, ¿eso lo aplicará en su gestión?
Esta gestión tiene un fuerte impulso social. Y también aprovecho la oportunidad de aclarar que esa fue una nota sacada de contexto oportunamente en donde se me consultó sobre la normativa del IPV.
El organismo o la ley de Fonavi a nivel nacional no fijan que las viviendas son para una determinada clase social. Fijan como prioridad aquellos que tengan necesidad de una vivienda. Y, según las coyunturas políticas y los contextos sociales y económicos, el IPV debe intervenir para acercar viviendas a todo aquel que lo necesite y que tenga necesidad del acompañamiento del Estado.
Del 2003 al 2006, el IPV tuvo una política de generar a través de asociaciones profesionales muchos planes de viviendas, lo cual fue una decisión que tenía un contexto de país donde no existía el crédito hipotecario y donde no existía la posibilidad para muchos sectores –en este caso profesionales y recién recibidos muchos de los cuales no son gente de escasos recursos y tienen herramientas-.
En dicha gestión, se determinó que debían tener un acompañamiento del IPV para alcanzar su vivienda. Particularmente creo que no estuvo mal porque era en un contexto en que muchos sectores no podían acceder a un sistema crediticio. Hoy, con Procrear y un sistema financiero mucho más sólido, hay sectores que no deben tener la urgencia o la atención directa del IPV y sí hay que apuntar a otros sectores.
Al respecto de la intervención de asociaciones intermedias, también ha sido muy cuestionada porque no hay un sorteo público y se dice que se entregan a dedo las viviendas. También hay dudas sobre el Instituto de Vivienda de los Trabajadores. ¿Va a seguir esa modalidad?
Cuando se otorgan viviendas a través de una asociación sindical o profesional, como en la época recién mencionada, la selección de los beneficiarios era responsabilidad de la asociación profesional. Hay muchos casos en los que me consta que se hicieron a través de escribano público, otras en las que me consta que no era necesario porque el padrón de posibles beneficiarios alcanzaba para cubrir los cupos que se le asignaban y eso es una determinación que realiza cada una de las asociaciones.
También hay otros planes que tienen que ver con formas de trabajo de Nación en los que el IPV no tiene posibilidad de intervención. Allí se fijan las condiciones de cómo se adjudican a las . asociaciones sindicales quienes también tienen la obligación de rendir cuentas a los organismos nacionales que fijan las condiciones.