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Eduardo Romani es el presidente del Colegio de Abogados y aspira a la reelección en la renovación de autoridades, el próximo 2 de julio. En una entrevista con El Tribuno, se pronunció por “dignificar nuestra profesión en un momento especialmente complejo para la Justicia y el derecho en Salta”. “Nuestro trabajo de estos años apunta con claridad a evitar que factores e intereses externos, ajenos, interfieran en la política institucional del Colegio. Necesitamos un Colegio de pie, donde impere la libertad de pensamiento y se mantenga libre de todo compromiso político partidario”, manifestó el dirigente.
“El Colegio fue creciendo no solo ediliciamente sino también en el plano social, donde se fue insertando y hoy su opinión es respetada. Estamos trabajando desde lo social e institucional en la defensa del ejercicio profesional y del quehacer diario de los colegas”.
Uno de los objetivos que privilegia en su propuesta es “el acompañamiento y el resguardo de los derechos de los abogados que trabajan en relación de dependencia, tanto en el ámbito público como el privado”.
De su gestión destaca las obras edilicias en las sedes de la Ciudad Judicial, construida a nuevo, en Orán y Tartagal, la apertura de sedes en Cafayate y Joaquín V. González, una oficina nueva en la Ciudad Judicial de Metán, la remodelación del quincho en el predio del Colegio y la inminente inauguración del Salón de Usos Múltiples para 500 personas.
De cara a las elecciones, ¿qué propone su lista Integración?
El Colegio estos años ha dado muestras más que sobradas sobre su independencia. Hoy tenemos un colegio sano, que puede plantear propuestas y problemas sin compromiso. Nos ganamos el respeto de los colegiados y la sociedad.
¿Qué logros institucionales pone de relieve?
Los avances en materia de capacitación, la reestructuración de nuestro centro de mediación, la defensa amplia y exhaustiva de nuestras incumbencias trazan una línea, y en esa dirección avanzamos. Y vamos a seguir transitando ese camino. A eso le sumaría el proyecto de un colegio primario y una guardería infantil con prioridad para los hijos de los matriculados.
¿Qué piensa de las recientes informaciones sobre aparentes ano- malías en la designación de jueces?
Nosotros creemos que hay que proteger las instituciones. De hecho, la matrícula del abogado permite participar de la elección de representantes dentro del Consejo de la Magistratura y desde el Colegio acompañamos a los nuestros; estamos seguros de su compromiso. En este sentido, el Colegio propone una reforma que incluye cambios que van desde el criterio para establecer los puntajes hasta la composición del órgano.
¿Qué modificaría en los puntajes?
Un abogado de la matrícula no puede tener menor puntaje que un magistrado. Los años de ejercicio profesional también deberían contar de otra manera. Estamos proponiendo cambios en el Consejo y, para evitar cualquier suspicacia o sospecha, los abogados debemos trabajar hombro con hombro.
¿Qué piensa de la elección de los consejeros por voto popular?
La elección de los consejeros por parte de los abogados está planteada hoy de esa forma. El Colegio de Abogados no designa los representantes dentro del Consejo de la Magistratura, sino que lo hace el abogado con su voto, mientras que eso no es lo que sucede en la Cámara de Diputados. Por parte de la matrícula se trabaja seriamente. Que después no se cuente con las adhesiones o con el número necesario para imponer una mayoría dentro del Consejo de la Magistratura es otra historia. Pero sí hemos visto un trabajo comprometido donde consejeros han planteado votos en disidencia en muchas oportunidades, tratando siempre de que llegue el mejor. Eso es lo importante, que llegue el mejor y que esa persona represente a todos porque ese el bien para la provincia.
¿Cree que hay un avance del Poder Ejecutivo sobre la Justicia salteña?
No diría que del Poder Ejecutivo en particular, pero nosotros fuimos muy críticos y lo seguimos siendo con decisiones que se toman al margen del orden de mérito que impone el Consejo de la Magistratura. En diversas oportunidades lo hemos planteado al Ejecutivo exigiendo que, en caso de apartarse de un orden de mérito se justifique el porqué. Trabajamos en una reforma tanto en la ley de ejercicio profesional como en los parámetros fundamentales para el Consejo de la Magistratura. Son muchos puntos, algunos implican una reforma constitucional.
Está en trámite la designación de 72 jueces, fiscales y defensores ¿Existe una avanzada sobre la Justicia?
Repito: las designaciones deben ser transparentes, con o sin reforma del Consejo. Nadie, ningún grupo social, tiene derecho a “colonizar” la Justicia. Si se aplica el orden de mérito, el apellido no es relevante. Si se utiliza la entrevista para disimular la falta de conocimientos de un postulante acomodado, es una irregularidad inadmisible. Si se altera el orden de las ternas para elegir a determinadas personas, se traiciona la transparencia, el principio de igualdad de la ley y la independencia de la magistratura.