Quiénes y cómo participarán -y se beneficiarán- en el mercado de los hidrocarburos es el trasfondo de la discusión que, a partir de mañana, mantendrán el Gobierno nacional con las diez provincias petroleras, sobre la nueva ley de hidrocarburos.
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Quiénes y cómo participarán -y se beneficiarán- en el mercado de los hidrocarburos es el trasfondo de la discusión que, a partir de mañana, mantendrán el Gobierno nacional con las diez provincias petroleras, sobre la nueva ley de hidrocarburos.
Para Salta y Jujuy la puja pasa más por la necesidad de que lleguen inversiones para generar empleo en zonas económicas críticas -como el norte salteño y el este jujeño-, que por las regalías que reciben a cambio de las riquezas de sus subsuelos.
De hecho, las regalías por gas y petróleo de Salta representarán este año menos del 3 por ciento de su presupuesto (sumarán unos 400 millones de pesos, sobre 15.000 millones de la previsión anual). En este distrito norteño, la producción de gas equivale al 10% de la nacional, mientras que en petróleo apenas roza el 1%.
En Jujuy la cifra es aún menor, ya que esta provincia solo tiene en explotación el yacimiento de Caimancito que genera una cifra muy pequeña en el contexto nacional.
Una fuente cercana a la Secretaría de Energía de Salta explicó a El Tribuno que la discusión por la nueva ley de hidrocarburos “nos preocupa en la medida que motorice la inversión privada, sobre todo en el norte provincial que depende mucho de este sector”.
El secretario de Minería y Energía de Jujuy, Carlos Navarro, señaló a este matutino que “hasta ahora no sabemos a ciencia cierta cómo será la nueva ley”, y también se mostró a favor de buscar un esquema legislativo que facilite la llegada de inversores a esta parte del país.
La discusión de la nueva ley no representa lo mismo para provincias como Neuquén, Mendoza o Chubut, cuyos yacimientos -ahora más con los no convencionales, como Vaca Muerta- les generan divisas que ascienden hasta cerca del 50 por ciento de los ingresos a sus arcas.
Tensión en tres ejes
Tres aspectos concentran la tensión entre la Nación y las provincias. Una es el marco jurídico para las concesiones y permisos de exploración, que incluye el procedimiento, período de concesión (hoy, por ejemplo, se otorgan áreas por 25 años y la idea es elevar ese plazo a 35), etc. La segunda es la estabilidad fiscal, lo que incluye regalías, impuesto a los ingresos brutos y otros tributos que recibirán las provincias y el Gobierno nacional.
El tercer punto surge a partir del descubrimiento de Vaca Muerta, el segundo yacimiento de gas y petróleo no convencional más importante del mundo, que repuso a la Argentina en la mirada de los grandes inversionistas extranjeros.
Para explotarlo se requieren miles de millones de dólares. Neuquén, Río Negro y Mendoza son las dueñas de sus depósitos (la Constitución Nacional de 1994 así lo establece), pero la Casa Rosada quiere imponer condiciones para evitar que sus gobiernos fijen costos extras (regalías por encima del 12% o ganancias para sus empresas estatales petroleras) que terminen ahuyentando a los posibles inversores.
Hasta ahora la discusión por la ley de hidrocarburos ha sido más mediática que “face-to-face”. Por eso la importancia de la reunión de mañana, que tendrá dos etapas, a las 10 con el ministro de Planificación Julio De Vido y en la tarde, a las 18, con la presidenta Cristina Fernández.