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"Fue un avance el que nos hayamos reunido principalmente porque el secretario aclaró que no quiere erradicar las palomas, sino que quiere trabajar, junto a nosotros, para armar un plan de acción sobre esta población", explicó a El Tribuno Diego Corimayo, representante legal de la Asociación Protectora de Animales (APAN). Él, junto a las también abogadas Elsa Correa y Carmen Céspedes, fueron elegidos para integrar la comisión de trabajo que se reunirá con las autoridades del municipio y con el resto de los proteccionistas para comunicar y acordar avances.
Elba Moreyra, titular de la Fundación San Roque, explicó: "Nos habían sorprendido, en principio, las declaraciones que dio el secretario López, porque en la campaña Sáenz se había comprometido a darles protagonismo a la políticas proteccionistas". Agregó que en la reunión que se realizó ayer al mediodía junto a otros referentes de ONGs locales se decidió avanzar en tres ejes de acción.
En la reunión también participó Sergio David Ferri, veterinario y director de Zoonosis. El funcionario dijo que aplicar medidas sobre la población de palomas no es solo para la protección de los edificios y monumentos del microcentro, sino también para evitar que haya una superpoblación de esta especie, lo que permite mantener una situación sanitaria adecuada para los ciudadanos.
"Hay diversas posibilidades, entre ellas la de construir un palomar para redirigir las aves por fuera del centro de la ciudad. También hay unos dispositivos sonoros que ayudarían a espantarlas de la plaza, pero no buscamos eliminarlas", comentó a El Tribuno el secretario de Turismo municipal.
David Ferri fue en la misma línea y explicó a El Tribuno que "trabajar sobre la población de palomas requiere de acciones complementarias que por un lado consisten en espantarlas de la plaza, pero también redirigirlas hacia otro lugar para que se alimenten. Ahí es donde surge la idea de construir palomares en los espacios verdes cercanos". Ferri dijo también que se debe hacer un control reproductivo.
En la reunión, los proteccionistas también plantearon la necesidad de definir la aplicación de la ordenanza municipal sobre la circulación de los caballos en la ciudad. Sobre la población de perros callejeros, remarcaron la necesidad de contar con un presupuesto efectivo para un plan de castraciones a largo plazo.