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La CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) de la OEA admitió analizar el caso de Vanina Alderete, la joven que sobrevivió la noche en que su padre asesinó a su mamá y a sus dos hermanos menores.
Oscar Juárez, defensor de Vanina, busca que el organismo internacional sancione a la Provincia por incumplir tratados internacionales de derechos humanos que obligan al Estado a prevenir la violencia de género y proteger a las víctimas.
El abogado confirmó ayer que la CIDH le comunicó que recibió la denuncia y que analizaría el caso. Este es el primer paso para llegar a una definición en instancias internacionales.
Alberto Yapura asesinó a su esposa y a dos de sus tres hijos el 28 de agosto de 2004, en un humilde barrio de Salta capital. Rosana Alderete, la madre de los chicos, había hecho cinco denuncias policiales contra su marido por agresiones y amenazas de muerte.
Yapura mató con un cuchillo a Rosana y a sus dos hijos menores e hirió a Vanina, que se salvó con ayuda de vecinos.
El hombre fue condenado a perpetua y la Justicia consideró que el Estado debía indemnizar a la joven, que hoy tiene 22 años, por no haber actuado para evitar el crimen pese los pedidos de ayuda de la madre.
La Corte de Justicia de Salta ordenó que el Gobierno le pague más de 700.000 pesos a Vanina. La Provincia interpuso varias apelaciones en contra del fallo y en marzo, después de que se iniciara el planteo ante la CIDH, Juan Manuel Urtubey anunció que la joven cobraría lo que dispuso la sentencia.
Juárez informó que por ahora Vanina no recibió el monto completo y que, por eso, continúa con un pedido de embargar bienes de la Provincia que presentó en un Juzgado Civil y Comercial.
El defensor aseguró que la demanda ante la CIDH, órgano dependiente de la OEA con sede en Washington, no tiene fines económicos, sino que busca una sanción por el incumplimiento de tratados internacionales contra la violencia de género, como la convención de Belem do Pará.
"El Estado debe tomar las medidas necesarias para salvaguardar todos los derechos. Además, hubo violencia institucional y una revictimización de Vanina durante 11 años", dijo Juárez.
Funcionarios de la Provincia sostuvieron en reiteradas ocasiones que la indemnización no se pagaba porque el Gobierno tenía la obligación de apelar cualquier demanda que afectara los recursos públicos.
Urtubey anunció dos días antes del 8 de marzo que el Estado afrontaría el resarcimiento a Vanina Alderete. "Como hombre de derecho y gobernador debo defender los intereses de los salteños, pero todo tiene un límite y el mío es terminar seudoencubriendo hechos aberrantes", manifestó entonces el mandatario. Habían pasado más de tres años desde el primer fallo que ordenó que hubiera una reparación económica para Vanina Alderete.
Oscar Juárez, defensor de Vanina, busca que el organismo internacional sancione a la Provincia por incumplir tratados internacionales de derechos humanos que obligan al Estado a prevenir la violencia de género y proteger a las víctimas.
El abogado confirmó ayer que la CIDH le comunicó que recibió la denuncia y que analizaría el caso. Este es el primer paso para llegar a una definición en instancias internacionales.
Alberto Yapura asesinó a su esposa y a dos de sus tres hijos el 28 de agosto de 2004, en un humilde barrio de Salta capital. Rosana Alderete, la madre de los chicos, había hecho cinco denuncias policiales contra su marido por agresiones y amenazas de muerte.
Yapura mató con un cuchillo a Rosana y a sus dos hijos menores e hirió a Vanina, que se salvó con ayuda de vecinos.
El hombre fue condenado a perpetua y la Justicia consideró que el Estado debía indemnizar a la joven, que hoy tiene 22 años, por no haber actuado para evitar el crimen pese los pedidos de ayuda de la madre.
La Corte de Justicia de Salta ordenó que el Gobierno le pague más de 700.000 pesos a Vanina. La Provincia interpuso varias apelaciones en contra del fallo y en marzo, después de que se iniciara el planteo ante la CIDH, Juan Manuel Urtubey anunció que la joven cobraría lo que dispuso la sentencia.
Juárez informó que por ahora Vanina no recibió el monto completo y que, por eso, continúa con un pedido de embargar bienes de la Provincia que presentó en un Juzgado Civil y Comercial.
El defensor aseguró que la demanda ante la CIDH, órgano dependiente de la OEA con sede en Washington, no tiene fines económicos, sino que busca una sanción por el incumplimiento de tratados internacionales contra la violencia de género, como la convención de Belem do Pará.
"El Estado debe tomar las medidas necesarias para salvaguardar todos los derechos. Además, hubo violencia institucional y una revictimización de Vanina durante 11 años", dijo Juárez.
Funcionarios de la Provincia sostuvieron en reiteradas ocasiones que la indemnización no se pagaba porque el Gobierno tenía la obligación de apelar cualquier demanda que afectara los recursos públicos.
Urtubey anunció dos días antes del 8 de marzo que el Estado afrontaría el resarcimiento a Vanina Alderete. "Como hombre de derecho y gobernador debo defender los intereses de los salteños, pero todo tiene un límite y el mío es terminar seudoencubriendo hechos aberrantes", manifestó entonces el mandatario. Habían pasado más de tres años desde el primer fallo que ordenó que hubiera una reparación económica para Vanina Alderete.
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