Piden retirar las armas a los policías denunciados

Quitar las armas reglamentarias a los policías que evidencian hechos de violencia de género es la primera recomendación que elaboró el Observatorio de Violencia contra las Mujeres hacia un organismo público, en este caso, el Ministerio de Seguridad de la Provincia.
Los femicidios protagonizados por efectivos de la fuerza fueron tres desde fines del 2015 y ocurrieron en Tartagal, villa María Esther en Salta capital y La Caldera. Estos casos motivaron que las directoras del Observatorio plantearan el pedido al ministro de Seguridad Alejandro Cornejo D''Andrea y solicitaran optimizar los exámenes escritos y orales para el ingreso de efectivos a la institución.
Si bien el retiro de las armas es un planteo que las organizaciones de mujeres en Salta realizan desde hace varios años, el de las últimas horas representa el primer planteo oficial que realiza el organismo de violencia recientemente creado.
"Se dio una seguidilla de casos en relación con la violencia más extrema hacia las mujeres como es el femicidio, lo que nos llevó a elevar la recomendación al Ministerio de Seguridad. Esta es una vieja demanda de las militantes feministas para tratar de prevenir muertes en manos de agentes de policía con su arma reglamentaria", dijo a El Tribuno la presidenta del Observatorio, Alicia Ramos.
"Lo que agrava esta situación para la víctima es que el victimario tenga tan próxima el arma legitimada y que sea como parte de su cuerpo. Esto aumenta muchísimo las probabilidades de muerte. Se supone que un agente de policía tiene que cumplir con requisitos para poder ingresar a la fuerza y es una persona que puede controlarse y usar el arma en la persecución del delito y no con sus familiares", agregó Ramos.
La reunión con el ministro de Seguridad sirvió además para que se elaborara una agenda de trabajo en conjunto a fin de crear indicadores de estadísticas existentes que permitan tipificar la violencia contra las mujeres. En este sentido se acordó que el Observatorio dictará una serie de capacitaciones al personal policial, entre otras cosas.
Los femicidios con la intervención de integrantes de la Policía no son un tema nuevo para Salta. La muerte de Claudia Serralta durante el 2014 fue uno de estos casos. La mujer resultó mortalmente herida con el arma reglamentaria de su expareja, José Adrián Chilo.
Marlene Herrera, una mujer policía, murió después de recibir un disparo el 28 de diciembre del 2015 por parte de su pareja, el sargento Pablo Cardozo, quien se quitó la vida luego de protagonizar el episodio.
Además, ayer la jueza de Garantías 1, Ada Zunino, condenó a Julio César Carrizo a la pena de un año de prisión de ejecución condicional como autor responsable del delito de amenazas con armas en contra de su pareja.
La ley orgánica
Hasta el momento, la respuesta más concreta que tuvieron las organizaciones de mujeres sobre el retiro de las armas a policías involucrados en hechos de violencia fue mediante la ley orgánica (7742) de la Policía de Salta.
La norma contempla la oportunidad e igualdad en el trato para la carrera policial; la creación de regímenes especiales para la violencia de género; el dictado de cursos obligatorios para la formación y capacitación del recurso humano de la institución y un régimen especial para el personal de la fuerza que cumpla con funciones en violencia de género.
Con un encuentro pactado dentro del programa previsto por las directoras del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, la reunión fue calificada como fructífera desde ambos lados.
En este contexto abordaron además temas como el trabajo de inteligencia que se realiza desde el ingreso de la llamada al sistema de emergencia 9-1-1 y el uso los botones antipánico entregados a las mujeres víctimas de violencia.
De la reunión participaron además las directoras de la institución María Laura Postiglione, Alfonsina Morales, Tania Kiriaco, María Eugenia Burgos y Pamela Ares, entre otros funcionarios.