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En una reunión entre un instituto del Gobierno, organizaciones mapuches, legisladores del Movimiento Evita y representantes de la Universidad Nacional de Río Negro y de la Iglesia, las partes acordaron conformar una mesa de diálogo para buscarle una solución al conflicto.
A partir de la conformación de esta mesa de diálogo, y tal como lo pidió el juez federal Gustavo Villanueva, los integrantes le enviaron al magistrado un acta para ratificar la intención de negociar de las partes, un diálogo que por el momento no implica que los mapuches dejen las tierras que ocuparon.
Justamente, esto es lo que pretenden desde el Gobierno, según confirmaron fuentes del Ministerio de Seguridad. El Ejecutivo está dispuesto a negociar con los mapuches, pero la primera condición es que los manifestantes abandonen las tierras que ocuparon.
En el acta que se firmó tras la reunión, que contiene los puntos de vista y los objetivos de los participantes, se sostuvo que "se ha constituido la mesa de diálogo solicitada por el Lof Lafken Winkul Maipu, las comunidades autoconvocadas del Pueblo Mapuche y el Obispo de San Carlos de Bariloche para intervenir en el conflicto y lograr un desenlace pacífico a la situación".
Pero a pesar de la intención de dialogar, lo firmado por los mapuches sostiene que "el Lof Lafken Winkul Maipu y las comunidades mapuches autoconvocadas manifiestan que sostendrán el control territorial del área y proponen el diálogo para llegar a una resolución del reclamo territorial".
Los mapuches también exigen que se discuta "el retiro de la denuncia de Parques Nacionales a la comunidad Lafken Winkul Mapu a fin de que sea posible una resolución de la situación, la urgente desmilitarización de la zona, la garantía de la seguridad de las personas que ingresan y egresan del lugar con el fin de proveer alimentos y abrigo a quienes allí se encuentran, el freno a la imputación y a la criminalización de los detenidos que acompañaron a Rafael Nahuel hasta la ruta".
Por otro lado, las comunidades indígenas pidieron que de las próximas reuniones participe "un representante del directorio de Parques Nacionales", y se refirieron a "la situación de los heridos detenidos".
"No hay molestia con el juez"
El ministro de Justicia, Germán Garavano, afirmó que "no existe molestia" del Gobierno con el juez Gustavo Villanueva, quien actúa en el caso del joven asesinado Rafael Nahuel, en Villa Mascardi.
"Esa molestia hoy no es tal. Hay distintas posiciones que tienen que ver con el abordaje. Sí es clara la posición del Gobierno en cuanto a no volver a tolerar un ingreso y que personal civil termine palpando de armas a personal de las fuerzas de seguridad y que un juez no tenga autoridad sobre un lugar. Pero también entendemos que es un lugar difícil y que el juez tiene que evitar conflictos o consecuencias mayores", dijo Garavano.
Según consideró, el juez debe "poder esclarecer cuáles fueron las circunstancias en que todo esto sucedió", en referencia a la muerte de Nahuel, de un balazo.
Garavano agregó que "no está confirmado" que el juez haya aceptado ciertas condiciones por parte de las personas en conflicto en Villa Mascardi. "La información que circulaba es que algunas de estas personas se iban a entregar a partir de una mediación de la Iglesia. Esto no sucedió. Después hubo una discusión en torno de lo que es la inspección del lugar y la posibilidad del juez de realizar la inspección del lugar. Nosotros confiamos en que la pueda hacer para poder esclarecer todo esto", dijo el ministro, quien agregó que debe tenerse en cuenta que "es un lugar muy hostil". Además, evaluó: "Hay una información que circulaba en relación de que habrían ingresado de Chile alrededor de cuarenta personas".
"Los prefectos hablaban de un grupo de veinte personas en ese lugar", agregó, en referencia al Grupo Albatros que actuó en la zona. Garavano consideró que "el desafío que tiene el juez es el de identificar a estas personas, lograr su detención y clarificar esta cuestión".
Graciela, la mamá
Graciela, la madre del joven Rafael Nahuel, muerto por una bala que sería de la Prefectura, pidió justicia por su hijo, y aseguró desconocer las actividades que hacía el ahora fallecido. La mujer dijo que no sabe "en verdad quién lo mató", y subrayó: "Vamos a ir a la Justicia, no nos vamos a quedar tranquilos con lo que le pasó a Rafael. Él trabajaba en herrería, una persona muy buena, hacia changuitas, que le ofrecían; él fue con la gente de la comunidad mapuche, lo llevaba la tía".