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Hoy, se da por descontado, la Cámara de Diputados sancionará la modificación de la fórmula de actualización de las jubilaciones. Por si acaso, ayer por la tarde el Congreso ya estaba amurallado con barreras metálicas. Y al parecer, cambiaría la estrategia de las fuerzas para controlar a personas que forman parte de grupos de choque. Nadie tiene duda, en el ámbito parlamentario, que la esotérica alianza del kirchnerismo, encabezado por un reciclado Leopoldo Moreau y el exministro de Defensa Agustín Rossi, con el Frente de Izquierda de los Trabajadores, consiste simplemente en provocar la caída del Gobierno de Cambiemos. Nadie imagina, lógicamente, un país gobernado por Rossi y Nicolás Del Caño.
Los agitadores violentos son los de siempre. Los diciembres también son violentos en la Argentina. Nadie olvida los muertos de 2010 en la toma de tierras en la Capital Federal, ni la treintena de víctimas de los saqueos en 2012 y 2013.
Más allá de las patotas, el Congreso debe funcionar, porque sin él no funciona el sistema.
Los salteños
Los diputados salteños descuentan que Cambiemos tiene ya asegurado el quórum y los votos para convertir en ley el proyecto. Todo depende del bono que se comprometió a promulgar Cambiemos para evitar situaciones límite en el primer aumento con la nueva fórmula. Pero, por cierto, Javier David, Pablo Kosiner y Andrés Zottos vivieron un fin de semana turbulento, luego de no haber aportado el quórum y al entrar en el cimbronazo que dejó a casi todos los peronistas no K y al massismo pegados a la estrategia del kirchnerismo para voltear la sesión.
La reforma previsional es la columna vertebral del Pacto Fiscal que aprobaron -y celebraron- 23 gobernadores, entre ellos Juan Manuel Urtubey. La conducta de ese espacio peronista dialoguista, el jueves, mostró que esos gobernadores no tienen diputados.
Todo fue otra muestra de la magnitud del colapso de un partido acostumbrado al poder pero huérfano de liderazgos y sin respuestas claras a los grandes problemas.
Sin embargo, indagando bajo la superficie, aparecen factores políticos que contribuyeron a ese retaceo de quórum. Los gobernadores y los peronistas del bloque federal no hicieron un mero "toma y daca" con Mauricio Macri para apoyar la reforma de la fórmula jubilatoria.
Ellos están de acuerdo con que la actual, ideada por Amado Boudou, es insustentable, porque la Anses no va a poder pagarla y porque el país tiene un déficit fiscal desproporcionado; tampoco es una garantía de mejoras para los jubilados, porque no siempre los salarios y la recaudación suben. En varias ocasiones, bajaron. Por eso pusieron una condición y es que la inflación nunca supere a los aumentos.
Pero el macrismo falló en algo que parece estar en sus genes. No presentó la reforma en esos términos razonables y los "contadores funcionarios" se olvidaron de que estaban hablando de los derechos de los jubilados. El decreto de un bono compensatorio se convirtió así en un requisito clave para sumar voluntades. La plata estaba. Ese bono debió haberse anunciado apenas lograron los votos de los senadores, porque allí ya advirtieron que en el cálculo para marzo, debido a los trimestres que se toman como referencia había un desfase que perjudicaba a todos, en especial, a los que jubilados con menores ingresos.
Un sistema naufragado
El massismo, demasiado involucrado en el tema, se mostró más desconcertado que el resto. Es claro que Sergio Massa está incómodo ya que él fue el administrador de la Anses y jefe de Gabinete y conoce mejor que nadie las consecuencias del oportunismo: el kirchnerismo nunca quiso reformar el sistema previsional y Massa estuvo a cargo de que funcionara como "caja del Estado". Pero el resultado fue la negativa sistemática a la actualización de las jubilaciones -desacatando incluso a la Justicia-; un 76% de jubilados que perciben menos de 15.000 pesos mensuales; un 50% que cobran la mínima, y diez mil millones de pesos anuales que se aplican a pagar jubilaciones de privilegio.
Por eso hoy parece una quimera la posibilidad de una reforma previsional en un país con mucho mayor expectativa de vida, demasiados trabajadores en negro y millones de pobres. La jubilación no es un subsidio ni un acto de beneficencia, pero si no se pudo debatir el aumento de una fórmula es inimaginable consensuar un cambio estructural del sistema.
Está claro que de los siete diputados nacionales salteños, salvo Sergio Leavy, encolumnado con el kirchnerismo, ningún otro se propone provocar la retirada de Macri. Pero tampoco les convence mostrar la imagen de una debilidad incondicional.
El peronismo empieza a mirar con mucha preocupación el futuro de cada uno de sus dirigentes. Y los peronistas salteños, también. Por eso, el Pacto Fiscal tiene sus costos dentro de Salta.
La aprobación de la Legislatura fue rápida, pero no fácil.
Los comerciantes están en pie de guerra por lo que consideran un "impuestazo". Ellos saben, como empresarios, que toda reforma tiene costos. La provincia no puede dar saltos al vacío y los beneficios de cualquier reforma estructural recién se verán en el futuro, si se ven.
Es cierto, aportar al largo plazo exige confianza, pero no es tan fácil construirla. Cuesta mucho conseguir un encolumnamiento para reformas cuyo final es solo una esperanza.
Detrás de los conflictos, a nivel nacional o local, aflora una crisis estructural del Estado, la economía y la sociedad que se viene gestando desde hace años, pero también problemas específicos de la política. La gente ya no cree - masivamente- en dogmas religiosos ni militancias políticas. Confía en las personas, y con reservas. La tormenta, entonces, era previsible, y seguramente no será la última.