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De oficio, el fiscal penal Armando Cazón, tomó intervención en el caso de un chico con discapacidad encerrado en una jaula en Alto la Sierra y dispuso una serie de medidas y diligencias a fin de establecer las posibles responsabilidades penales que podrían surgir del encierro inhumano al que se hallaba sometido la víctima.
El fiscal se puso en contacto con la dependencia en Alto la Sierra por medio de la comisaría de Santa Victoria, debido a que no es posible una comunicación directa con tal dependencia. Tras corroborar que no existía ninguna denuncia por el grave cuadro de cautividad del menor, ordenó las primeras medidas procesales en el marco de una investigación preliminar.
En el transcurso de la mañana, según informó el fiscal, se mantuvo una entrevista con el gerente del hospital de Alto la Sierra, quien reveló que desde el hospital se encontraban trabajando con la familia de hace unos meses, ya que el menor de 14 años presenta una enfermedad mental.
En vista de ello, el fiscal solicitó un informe detallado del trabajo realizado.
A su vez, ordenó la realización de una inspección ocular, un informe socio ambiental y la visita del médico legal a fin de verificar la condición del menor. También dio intervención a la Asesoría de Menores e Incapaces en turno, todo en el marco de una averiguación preliminar.
Por otra parte, a través de un comunicado oficial, el Gobierno provincial, expresó que se investigará el caso para determinar las responsabilidades.
El papá del adolescente había señalado que lo dejan allí cuando van a trabajar para que no se pierda. "A él lo operaron cuando era chiquito, pero tiene problemas en la cabeza. No habla", dijo.
La enfermedad se agravó con el paso del tiempo y la falta de recursos impidió que pudieran consultar con un especialista.
Alto de la Sierra es un pueblito de 800 habitantes, en su gran mayoría son de pueblos originarios. Muchos de ellos no tienen los ingresos ni la posibilidad de acceder a cobertura médica y mucho menos asistencia social.
Según explicaron, esta familia cobra apenas una pensión mínima por discapacidad y la única ayuda que recibieron hasta ahora fueron ‘algunas chapas‘ que les entregó la Secretaría de Niñez y Familia de la provincia para armar "una casita".