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El debate en torno de la legalización del aborto se produce en un contexto cultural particular, dentro de una controversia profunda que involucra los derechos de la mujer, la inclusión de todas las identidades de género y la erradicación de toda otra forma de violencia en las relaciones.
Al mismo tiempo, se da en un momento en que las instituciones, las tradiciones y los valores de occidentes son cuestionados por una especie de nueva izquierda, escéptica y sin respuestas políticas y económicas. Se trata de una corriente muy mediatizada, empeñada en convertir a quienes sufren la marginalidad, la vulnerabilidad o la postergación -también a los criminales- en víctimas de la sociedad y acreedores de derechos eximidos de cualquier obligación.
Probablemente no sea más que una moda efímera. Los valores de los derechos humanos; la equidad en el rol de la mujer; la libertad de expresión; la Justicia social, incluido el socialismo; la dignidad de todos, más allá de su identidad sexual; el reconocimiento de la humanidad de cada persona, incluidos los enemigos, y el cuidado del medio ambiente son el fruto de la evolución de la tan vapuleada civilización occidental.
Lo que hoy algunos llaman “progresismo” es en realidad -en cuanto desprecia o se aparta de aquellos logros civilizatorios-, una nueva expresión de “decadentismo”.
La vida y las vidas
En ese contexto se plantea hoy uno de los debates más profundos sobre la ley, la vida y la ética: la legalización del aborto. Un dilema de fondo se da entre la convicción de que nadie puede privar a otro de la vida, y la afirmación, al mismo tiempo, de que nadie, tampoco el Estado, puede obligar a una mujer a llevar adelante un embarazo no deseado.
Mientras que para los religiosos ese dilema no existe, porque consideran que el aborto es un agravio a Dios, quienes defienden la legalización invocan razones de peso como la libertad de conciencia y la inequidad que supone que exista un aborto accesible y seguro para quienes pueden pagarlo y totalmente inalcanzable para las mujeres de escasos recursos, que muchas veces mueren en el intento. En esta controversia, que hoy tiene estado parlamentario, solo valen las razones y el respeto, y son inadmisibles los autoritarismos y los golpes bajos.
La vida humana no se agota en la preservación de la mera biología.
La fractura social
El debate expone también, con crudeza, la magnitud de la exclusión en un país donde la fractura social es la principal de las grietas y donde la educación está virtualmente divorciada de las necesidades de los sectores de menores ingresos.
El gobernador Juan Manuel Urtubey se refirió a la necesidad de prevenir los embarazos de adolescentes. Lo hizo en un programa de televisión y anunció que en Salta se está aplicando un software que permite prever “con la tecnología, cinco o seis años antes, con nombre, apellido y domicilio, a quien está en un 86% predestinada a tener un embarazo adolescente”.
Salta tiene una tasa de embarazo adolescente que es de las más altas del país y se estima que cada año la cifra se incrementa un 5%. Las características de ese programa hacen suponer que el sistema detecta datos socioculturales, a partir de los cuales permite suponer la probabilidad señalada.
Caben en este punto observar dos aspectos.
En primer lugar, no se debe circunscribir el problema a los casos de niñas y jóvenes de hogares de bajos ingresos. Es un problema generalizado, aunque entre las familias de mayores ingresos y mejor acceso a la información y a los recursos médicos, pase algo desapercibido.
Si bien un software es útil para generar estadísticas, la población en riesgo, en este caso, participa en una institución mucho más eficiente para detectar, prevenir y resolver el problema, que es la escuela.
Un docente comprometido en un plan educativo que contemple la educación sexual, el desarrollo emocional y las expectativas de vida es el actor directo más eficaz para esta tarea.
Un sistema electrónico es nada más que eso. Solo sirve si brinda información útil a la persona que convive con las jóvenes.
También despierta suspicacias. No existen garantías de privacidad para que se aplique un sistema de información tan detallado, que se introduce en la intimidad de cada hogar.
Más allá de riesgos y objeciones, es imprescindible de una vez por todas que la política se proyecte a partir de la realidad y no del discurso o el relato, y que resuelva los problemas con criterios científicos y profesionales, aplicados por funcionarios idóneos y respetando estrictamente los derechos humanos.