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La tarde del martes 31 de julio último, móviles policiales estacionaron frente a una casa de clase media en la localidad de Olivos, al norte del conurbano bonaerense y se llevaron esposado al dueño de la vivienda.
Ese día el hecho pasó casi desapercibido, con la agenda mediática concentrada en el debate por el aborto, la denuncia por supuestos aportes falsos en la campaña electoral bonaerense de Cambiemos 2015 y el dólar a 28 pesos.
El detenido por orden del juez federal Claudio Bonadio resultó ser Oscar Bernardo Centeno, chofer del exministro de Planificación del kirchnerismo Julio De Vido y de uno de sus funcionarios de máxima confianza, Roberto Baratta.
Centeno era, sobre todo, el autor de los cuadernos que develaron el circuito de recaudación de sobornos y dinero negro para campañas electorales entre empresarios de la obra pública, montado por el kirchnerismo del 2003 al 2015, según la acusación.
Este fue el puntapié inicial del escándalo judicial, político y empresarial de los "cuadernos de la corrupción K", que acaba de cumplir un mes con la expectativa puesta en la nueva declaración indagatoria que dará mañana la expresidenta Cristina Kirchner, acusada de organizar la presunta "asociación ilícita".
Para mañana se espera también en los tribunales de Retiro al detenido De Vido.
La acusación
A un mes del escándalo, comenzó el tiempo de descuento para la definición de las situaciones procesales de los acusados por "asociación ilícita", entre ellas las de Cristina, De Vido, Baratta, el ex juez federal Norberto Oyarbide y algunos de los más importantes empresarios del país como Angelo Calcaterra, Aldo Roggio y Carlos Wagner, estos últimos confesos y devenidos en "arrepentidos".
Bonadio acusa a todos de integrar una "organización delictiva conformada por funcionarios públicos, quienes valiéndose de medios oficiales (incluyendo vehículos, empleados, equipos de telefonía celular, etcétera) y comandados por quienes fueran titulares del Poder Ejecutivo Nacional (Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández) y del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (Julio Miguel De Vido) procuraron la percepción de sumas de dinero ilegítimas, por parte de diversos particulares, muchos de ellos, empresarios contratistas de la obra pública del Estado Nacional". La primera acusación cortaba la investigación en el 2008.
El 29 de agosto, amplió la pesquisa hasta el 2003 y volvió a citar a gran parte de los acusados a indagatoria.
También abrió tres nuevas causas conexas a la principal, por entender que los sobornos se pagaron en distintos ramos de la obra pública.
El circuito
Según dio por probado en base a los cuadernos de Centeno, los dichos de arrepentidos y de indagados, además de pruebas como escuchas telefónicas y elementos secuestrados, para cada área había un recaudador, que se quedaba con un porcentaje por sus tareas y luego entregaba los fondos a otros funcionarios, como José María Olazagasti -secretario privado de De Vido-, Hugo Larraburu -excoordinador de la Unidad Ministro del Jefe de Gabinete de Ministros-, Juan Manuel Abal Medina (jefe de Gabinete de Ministros) y el fallecido Héctor Daniel Muñoz (secretario privado de la Presidencia de la Nación).
Todos ellos "finalmente los derivaban a manos de los verdaderos beneficiarios de la maniobra ilícita: Néstor Carlos Kirchner, Cristina Elisabet Fernández y Julio Miguel De Vido", según la acusación.
La Cámara Federal porteña se apresta a resolver una batería de recursos presentados por las defensas de acusados: intentos para apartar a Bonadio, declarar la nulidad de la causa, reclamos de exención de prisión y hasta quejas porque el juez no dejaría sacar fotocopias de los expedientes, todos intentos para cuestionar la investigación.
Sin interrupciones
Pero desde la detención de Centeno ese 31 de julio, la pesquisa no tuvo un día de respiro.
La madrugada siguiente, la del 1 de agosto, Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli ordenaron 34 allanamientos y las once primeras detenciones.
Ese mismo día el juez llegó a su despacho en el cuarto piso de Comodoro Py 2002 y firmó la citación a declaración indagatoria por supuesta "asociación ilícita" para la expresidenta Kirchner, De Vido, el extitular de la AFI Oscar Parrilli, el juez jubilado Oyarbide, el exchofer de Néstor Kirchner convertido en empresario periodístico Rudy Ulloa y el auditor general de la Nación Javier Fernández, entre otros.
También incluyó a empresarios nombrados por Centeno en los ocho cuadernos Gloria escritos a mano, en los que tomó apuntes de los traslados que hizo con Baratta, los bolsos con dinero que transportó, los sobres entregados y los circuitos de recaudación durante el kirchnerismo, antes y después de la muerte del expresidente Kirchner.
En la noche del 1 de agosto, el chofer era ya el primer arrepentido del caso. No quería ir preso. Ratificó ser el autor de los cuadernos, de los que sólo se tienen copias en sede judicial. El 3 de agosto Bonadio homologó el acuerdo, le dio la excarcelación y desde entonces vive protegido en un domicilio oculto.
Entonces llegó lo que sorprendió a muchos: la seguidilla de arrepentimientos empresarios. El primero fue el titular de Isolux detenido, Juan Carlos de Goycoechea. Habló y el 6 de agosto tras la firma del acuerdo recuperó la libertad.
Ese mismo lunes se convirtieron en imputados colaboradores el extitular de Iecsa y primo del presidente Mauricio Macri, Angelo Calcaterra, y su exjerárquico Javier Sánchez Caballero.
Todos admitieron haber entregado dinero a exfuncionarios kirchneristas pero dijeron que fueron aportes en negro a la campaña política, reclamados como contrapartida a la adjudicación de obra pública.
El 7 de agosto comenzaron las declaraciones indagatorias ordenadas: las del exsecretario de Minería Jorge Mayoral; Javier Fernández, supuesto operador judicial; el exchofer Ulloa; el extitular de la AFI Parrilli; el exjuez Oyarbide; los ahora presos empresarios Néstor Otero y Juan Carlos Lascurain; el ex secretario privado de De Vido José María Olazagasti; el exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina; De Vido y, finalmente, Cristina Kirchner. Todos mencionados en los cuadernos de Centeno.
El 10 de agosto el detenido Carlos Wagner, extitular de la Cámara Argentina de la Construcción y de la empresa Esuco, subió un escalón más en la carrera del arrepentimiento: confesó la cartelización de la obra pública, habló de un esquema de sobornos pactado previamente con De Vido y ejecutado por sus subordinados. Habló y quedó excarcelado.
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