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En la gélida mañana del martes más de 300 efectivos pertenecientes a la Gendarmería Nacional (GN), la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Policía provincial se diseminaron por distintos barrios de la ciudad en un megaoperativo. El enorme despliegue tuvo como objetivo irrumpir en viviendas de presuntos usurpadores o prestamistas, la mayoría de origen extranjero. Desde las fuerzas de seguridad confirmaron que son 80 personas vinculadas a la causa, de las cuales 50 pertenecen a otros países.
"Lo que se viene y se está investigando tiene que ver con los delitos de evasión fiscal y lavado de activos", le dijo a El Tribuno una fuente cercana al operativo. Desde las 6.30 de ayer personal de seguridad nacional entró en acción. "Frente a la magnitud del operativo se pidió apoyo a la Policía de Salta para que realizara un anillo de seguridad en los límites de las zonas donde se realizaron los allanamientos", agregó la misma fuente. De esa manera el despliegue contó con un operativo "interfuerzas" donde actuaron más de 300 efectivos.
El origen que dio lugar al gigantesco accionar de uniformados en la ciudad está ligado a dos causas que pertenecen a las fiscalías federales 1 y 2 de esta provincia. Una de las causas se remonta al 2014, con una investigación en manos de la PSA. Desde ese momento y a raíz del vínculo con la segunda causa, esta vez a cargo de los gendarmes, es que desde el Juzgado Federal 1, dependiente de Julio Bavio, se decidió unificar ambas investigaciones y llevar a cabo el megaoperativo. El procedimiento abarcó distintos barrios de esta capital siendo Solís Pizarro el escenario más complejo, allí se desplegaron seis allanamientos de un total de 16.
En ninguna de las irrupciones en los domicilios de los prestamistas las fuerzas federales tuvieron que ejercer violencia. Las 80 personas fueron procesadas y si bien quedaron vinculadas a la causa, no hubo detenciones. En los próximos días se analizará la enorme documentación incautada en cada una de las viviendas y se determinará la situación migratoria en el caso de los extranjeros, además de otras cuestiones.
Entre los 50 extranjeros sospechados en los delitos de evasión fiscal y lavado de activos el 90 por ciento son colombianos, el resto de Bolivia y Ecuador. Mientras que de los otros 30 procesados la mayoría son salteños. Además de la documentación, también incautaron 80 celulares, 20 computadoras (tablet, notebook, CPU), varias máquinas de contar billetes y réplicas de armas de fuego. En tanto, se secuestró también más de 1.300.000 pesos.
Detenciones
La investigación a cargo del Juzgado Federal número 1, dependiente de Julio Leonardo Bavio, seguirá su marcha legal ingresando en la etapa de análisis de los diferentes elementos secuestrados. "Hay muchísima documentación incautada que ahora deberá ser analizada", sostuvo la fuente investigativa consultada por este medio. Trabajo que también se hará sobre los teléfonos celulares y las computadoras. Desde el juzgado interviniente se dispondrá qué fuerza se encargará de esa tarea.
En base a los resultados que se obtengan del peritaje y análisis se sabrá cómo sigue la investigación y la evolución de la misma. "Seguramente habrá personas detenidas, eso también dependerá del trabajo que realicen los peritos en cuanto a la verificación de los teléfonos y otros elementos secuestrados", apuntó una alta fuente del operativo.
Otro capítulo de ciudadanos colombianos parecería cerrarse en Salta, desde hace algunos años es notorio el ingreso de manera ilegal de estas personas no solo en la provincia sino también a otros destinos del país. ¿El objetivo?, desarrollar actividades ilícitas como la de prestar dinero para luego ejercer acciones coercitivas en contra de los receptores del mismo.