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Durante los últimos dos meses hemos escuchado incesantemente que las medidas de prevención del COVID-19 son el aislamiento, el encierro y la cuarentena.
Las indicaciones y los consejos que parten de las autoridades sanitarias consisten en evitar el contacto social, en especial, el contacto con migrantes y viajeros como el ingreso de personas de otras provincias y de otros países. Se trata del único modo de protección dada la inexistencia de una vacuna y de todo otro mecanismo profiláctico. En otras palabras, se corre el riesgo de estar induciendo a la población mundial a la xenofobia; a una xenofobia sanitaria.
El término xenofobia proviene del griego xénos (extranjero) y phóbos (miedo), y significa temor al extranjero. Así, por medio del recelo y del rechazo hacia los extranjeros se induce la segregación que los gobiernos de todo el mundo proponen, por ahora, como único modelo sanitario preventivo. De lo que viene en relato puede extraerse que ante la sorpresiva e imprevisible aparición de la pandemia, más el bombardeo mediático del que todos somos víctimas, se han estimulado como nunca antes los complejos y primarios instintos de las personas apelando a la inseguridad, a la incertidumbre y al miedo. Miedo a enfermarse y perder la salud o perder la vida, las propias o las de nuestros familiares.
Todos los temores se ven representados y corporizados, en particular, por los foráneos, por los extranjeros, por los migrantes, por los que llegan desde afuera, desde donde se propagara el virus originado en China. Los otros, los extranjeros, son los peligrosos, los potencialmente enfermos, los portadores del mal, de la enfermedad, los que pueden contagiarnos, por eso hay que encerrarse y no socializar con nadie. Más aun, hay que impedir que otros socialicen, hay que denunciarlos.
El encierro y la cuarentena impuestos por los países de casi todo el mundo (con las connotaciones psicológicas que les son propias) vendrían a constituir una especie de "xenofobia buena", aunque confesamos no estar demasiado seguros de la divisibilidad que podría trazarse entre ella y la nacida de la intolerancia, la violencia, la criminalización y la discriminación; y es muy probable que los reflejos sociales muten de forma radical en el sentido más disvalioso posible por causa de la pandemia y de las recomendaciones oficiales.
Es innegable que en el mundo por venir la xenofobia se verá potenciada, como nunca antes sucediera, por la prédica de los mismos estados que la han condenado suscribiendo múltiples instrumentos internacionales de derechos humanos.
Un mundo xenófobo
Será difícil que, luego de las cuarentenas, se supere como por arte de magia la desconfianza que nos ha sido inculcada machaconamente respecto de los extranjeros, de los migrantes y de la enorme cantidad de personas que transitan diariamente las líneas fronterizas de nuestro país y de otros países.
Parece poco discutible que marchamos hacia un mundo más xenófobo que antes de la aparición del COVID-
19. Más xenófobo, más chauvinista y más discriminador como lo anticipan inéditas imágenes de aeropuertos y terminales desiertos, de rutas intransitadas y de fronteras cerradas. Se avecina una tarea titánica...
En Argentina, esa tarea titánica le compete principalmente, y hasta ahora, al Instituto Nacional de Lucha Contra la Discriminación la Xenofobia y el Racismo, organismo que hemos cuestionado desde casi su nacimiento por su fisonomía centralista porteña y su escasa eficacia para conocer e intervenir en las grandes y en las pequeñas discriminaciones y actos de intolerancia y violencia que se llevan a cabo a lo largo y a lo ancho de nuestro extenso y diverso país.
Ineficacia que quizás se explique por el exacerbado centralismo que lo caracteriza, centralismo que, como ha sucedido siempre, se apropia sistemática o caóticamente (tanto da) de lo que le pertenece y de lo que no le pertenece, es decir, de todo cuanto pueda apropiarse.
¿Por qué decimos esto? Porque las provincias argentinas se hallan en mejor posición, que un ente situado en el puerto, e integrado casi exclusivamente por porteños, para intervenir en los conflictos causados por la discriminación en cada una de ellas, y porque jamás resignaron formalmente a sus atribuciones en esta materia. En efecto, ¿dónde está escrito y consagrado que la lucha contra la discriminación, la xenofobia y el racismo es una tarea que no les pertenece a las provincias argentinas? ¿En qué cláusula constitucional o legal las provincias abdicaron ejercer todas las competencias para enfrentar la discriminación, la xenofobia y el racismo?, ¿cuándo y de qué modo se produjo la total delegación de estas sensibles facultades?
De la posición que se adopte para responder devendrá la censura o la defensa de un organismo nacional, alejado -física e ideológicamente- de la diversidad que habita el territorio de las provincias argentinas.
El Inadi se emplaza en una compacta metrópoli que en modo alguno posee los rasgos históricos, culturales, geográficos, económicos ni étnicos de aquellas.
La ciudad de Buenos Aires no parece tener parentesco con la selva chaqueña, con los valles norteños, ni las extendidas geografías patagónicas. Ni con quienes allí habitan. Por el contrario, la Reina del Plata evoca e imita (como siempre lo quiso) a las capitales del oeste europeo que tomó antaño como únicos modelos sociales en desmedro de todos los de la América ancestral.
El centralismo
Basta repasar el origen de los nueve Presidentes que tuvo hasta ahora el Inadi (allende el respeto que todos ellos merecen) para realizar algunas constataciones irrefutables. Ocho porteños y un bonaerense. Lo mismo sucedió y sucede con las composiciones de sus distintos directorios, negadores de la diversidad que la Constitución argentina sanciona y reconoce, en favor de un monopolio ya ni siquiera nacional, sino casi exclusivamente porteño. ¿Cómo esperar que se comportaran de modo federal...?
¿De qué forma se ha llegado a esta invariable situación de paradójica discriminación hacia los estados provinciales que acontece desde la creación del Inadi, en 1995?
En gran parte por el señalado insaciable apetito centralista del puerto, y en otra, por la deserción de los gobernadores provinciales muchas veces dispuestos a entregar las armas antes de que se las pidan, para congracio de las administraciones nacionales.
De allí que las provincias se hayan corrido fácticamente, sin motivo plausible, de la tarea de luchar por los derechos fundamentales sus habitantes contra de los ataques discriminatorios, xenófobos y racistas; estado de cosas que debe comenzar a revertirse más temprano que tarde. Resulta hasta inexplicable que no hayan creado en sus jurisdicciones dependencias comprometidas con esta temática atento a que nunca -repetimos- estas facultades fueron cedidas a la nación en el pacto constitucional. El mismo reproche cabe predicar respecto del orden estadual municipal, el más cercano a dichos fenómenos y a los problemas concretos de gente.
La ineficacia del Inadi
Allende estos enormes reparos teóricos y constitucionales que mencionamos resta todavía considerar la eficacia del organismo en todo el territorio nacional ya que podría contestársenos que ella podría justificar el asfixiante centralismo que censuramos. Pues bien, los resultados jamás han sido satisfactorios (por ser casi inexistentes) y en todo caso ha servido para la promoción y exposición púbica de figuras políticas de terceras líneas y como receptáculo para riñas mediáticas.
Durante años careció de presupuesto, de edificio y de personal propio; y jamás su estructura fue suficiente para cumplir con la excelsa tarea que le adjudicaron las leyes reglamentarias. Consecuente con los parámetros centralistas el Inadi colocó discrecionalmente “delegados” en las capitales de provincias (figura propia de las organizaciones centralizadas) y lo hizo a dedo, con criterios partidarios, sin considerar ninguna especialización y sin atender a los mayores o menores problemas locales de discriminación, de diversidad cultural, de desigualdad, etc. Para colmo, los “delegados” de la Metrópoli en las capitales carecen de poder decisorio y de legitimación procesal para iniciar procesos judiciales (no obstante ser, en general, hábiles declarantes). Todo debe pasar por Buenos Aires reduciendo el compromiso del Inadi a dos o tres nombramientos acomodados y un par de escritorios.
De allí que pueda sostenerse que el rinde institucional en Salta y en las provincias argentinas es casi nulo y se limita a ofrecer oportunistas intervenciones mediáticas de los “delegados” del puerto.
Las reiteradas apelaciones al federalismo que pronunciara el presidente Alberto Fernández en su campaña política abren una tenue luz de esperanza respecto de las necesarias reformas orientadas a un federalismo concertado en este tema como respecto de la suerte que habrá de correr este bastión centralista con pretensiones excluyentes.
Si no ha respondido mínimamente a las necesidades protectorias que le fueron encomendadas antes de la aparición del COVID-19, la situación será mucho peor luego de tamaño adoctrinamiento global respecto de los riesgos que representan los extranjeros y los migrantes. Al distanciamiento social obligatorio sobrevendrá el distanciamiento social espontáneo y la segregación del diverso. Ya se escuchan las voces que, partiendo del miedo, demandan el cierre de países, ciudades y barriadas, y muchas autoridades han actuado como al influjo de ellas.
Este panorama sumamente previsible no parece estar muy claro en la agenda de la clase política argentina impasible a las complicaciones sociales que habrán de producirse ante la exaltación de la xenofobia y el renacimiento de los nacionalismos extremos que amenazan los derechos humanos y los valores democráticos.