El municipio de Tartagal adoptó en la mañana de ayer una drástica medida, posiblemente ejemplificadora en un contexto no solo de pandemia, sino de una epidemia sin precedentes de dengue: hizo público el nombre de unos 50 propietarios de terrenos que están abandonados, sucios, llenos de malezas y de basura y cuyos propietarios hacen caso omiso a las recomendaciones que se dan desde el municipio y de diferentes ámbitos para luchar contra la enfermedad que transmite el Aedes eigipty.
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El municipio de Tartagal adoptó en la mañana de ayer una drástica medida, posiblemente ejemplificadora en un contexto no solo de pandemia, sino de una epidemia sin precedentes de dengue: hizo público el nombre de unos 50 propietarios de terrenos que están abandonados, sucios, llenos de malezas y de basura y cuyos propietarios hacen caso omiso a las recomendaciones que se dan desde el municipio y de diferentes ámbitos para luchar contra la enfermedad que transmite el Aedes eigipty.
Mediante la resolución municipal N´ 24.813/2020, en su artículo 1´, se intima a propietarios, poseedores y/o tenedores precarios de catastros, a realizar los trabajos de limpieza, poda, desinfección, desmalezamiento, cerramiento perimetral y cualquier otra obra necesaria para la seguridad de bienes y personas, bajo apercibimiento de proceder conforme el artículo 125 de la ordenanza tributaria municipal N´ 2.825/2.018 y artículo 11´, inciso 34 de la Carta Orgánica Municipal ley 6.555, es decir, recurrir a la vía judicial.
Argumentos
La norma municipal explica que la medida se adoptó debido "a la necesidad de llevar adelante la limpieza y desmalezamiento de terrenos baldíos existentes en el ejido urbano de la ciudad de Tartagal, a fin de evitar la propagación del vector de los virus dengue, Zika y chikungunya".
Los propietarios notificados ya en varias oportunidades deberán tomar con más responsabilidad la salud de los vecinos y mantener limpios y delimitados sus terrenos bajo apercibimiento de ser fuertemente sancionados por parte de la Municipalidad de la Ciudad de Tartagal, que incluso recurrirá a la Justicia.
En la misma resolución, el municipio hizo público el nombre de los propietarios de los catastros en cuestión, unos 60 aproximadamente que se encuentran tanto en el éjido céntrico como en los barrios de la ciudad. Seguramente lo que más molestará no será el importe de la multa que podrá aplicarse y la advertencia de continuar la demanda por la vía judicial, sino la difusión del nombre de los propietarios desaprensivos y la dirección de cada uno de los inmuebles.
La nómina
Empresarios, dirigentes políticos, funcionarios públicos y hasta un juez aparecen en la nómina en cuestión.
La normativa municipal surgida de la resolución advierte claramente que, ante la reiteración de la falta y el incumplimiento por parte de los propietarios, además de ver expuestos sus nombres, serán pasibles de fuertes sanciones económicas.
Entre los nombres más conocidos están las familias Panayottis y Nazar con una propiedad que es foco de contaminación no solo del vector del dengue sino de todo tipo de alimañas, ubicada en pleno centro de la ciudad y a dos cuadras de la plaza principal, en la avenida Alberdi al 400.
Entre otros nombres conocidos, figuran Alberto Abraham hijo y su esposa, Estela Rivero, propietarios de un terreno en calle 20 de Junio en barrio Fátima.
Tampoco quedó al márgen el apellido de la familia fundadora de Tartagal, los Milanesi que figuran con otra propiedad en las mismas condiciones de abandono en la calle Tucumán, al final, en el barrio Luján donde los enfermos de dengue se cuentan por cientos.
La firma Muñoz, propietaria de varias estaciones de servicio de la zona , y hasta el juez de garantías Nelso Aramayo, propietario de un importante predio ubicado en pleno centro de la ciudad, sobre calle Sarmiento, como también el senador departamental Manuel Pailler (su propiedad se ubica en el barrio Lugones, cerca de la sede Tartagal de la Univerisad Nacional de Salta) son otros de los intimados por el municipio de Tartagal .
Dante Gerometta, cuya propiedad se ubica en la avenida 25 de mayo, y Carlos Benítez, Ocampos con un predio en la avenida Mosconi de la populosa Villa Saavedra, también engrosan la lista.
Un extenso terreno
Finca Yaguané (que ocupa unas 12 cuadras de extensión, paralelas a las vías del ferrocarril, de propiedad de los empresarios Miguel Zottos y Raúl Mimessi) y otra ubicada en la intersección de las calles Aráoz y España, en pleno centro de la ciudad, de propiedad del empresario local Sergio Bruno, son otras de las propiedades enumeradas en la resolución. Empresas como Belén y Compañía, propietaria de varios terrenos céntricos y de gran valor monetario, y hasta el Instituto Provincial de la Vivienda, con una propiedad en las calles Andriano y Perito Moreno, aparecen en la nómina de los que deberán responder por la salud pública.