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El secuestro y la posterior muerte de un joven por un grupo escindido del EPP (Ejército del Pueblo Paraguayo) obligó al Senado de ese país a convocar para mañana a los responsables de seguridad con el objetivo de que informen sobre las acciones y estrategias que llevan adelante contra los grupos guerrilleros que operan en el norte.
El cuerpo de Jorge Ríos, de 23 años, apareció en una localidad brasileña el sábado, días después de ser secuestrado por la Agrupación Campesina Armada Ejército del Pueblo (ACA-EP), grupo que se creía descabezado y que habría exigido a la familia el pago de US$200.000 por su liberación.
Ante ese desenlace, el Senado convocó ayer a una reunión reservada a la que llamaron al ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio; a la fiscal general del Estado, Sandra Quiñonez, y al comandante de la Policía Nacional, Luis Arias.
"No podemos seguir en esta situación de inseguridad e incertidumbre", dijo a los medios Jorge Querey, senador del Frente Guasu (izquierda).
Querey señaló que la convocatoria incluye a mandos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), creada expresamente para combatir a la guerrilla, especialmente al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), del que se escindió el ACA-EP.
Tras conocerse esa convocatoria, Giuzzio aseguró su presencia y adelantó a los medios que propondrá a los presidentes de las dos Cámaras viajar a la sede operativa de la FTC, en el norteño departamento de Concepción, para comprobar sobre el terreno el trabajo de esa unidad, compuesta por militares y policías.
Algunas formaciones políticas califican de fracaso la labor de la FTC contra el EPP, que el pasado septiembre secuestró al exvicepresidente Óscar Denis, de 75 años, de quien no se tienen noticias. Tampoco ha conseguido dar con Edelio Morínigo, el policía secuestrado por el EPP, hace ya siete años.
Las críticas se han reiterado tras la reaparición del ACA, que contaría con un máximo de seis miembros y casi todos identificados, según la FTC.
Respecto a ese grupo, y al caso de Ríos, Giuzzio indicó que una parte de la investigación se centra en el lado brasileño, donde agentes de ese país detuvieron a una pareja que habría tenido contacto con los secuestradores del joven.
La localidad brasileña de Caracolito se encuentra a unos 70 kilómetros de Dos Hermanas, la estancia ganadera de la familia de Ríos, en el departamento de Concepción, donde la noche del lunes Ríos fue llevado por la fuerza.
La familia mostró, a través de los medios, su disposición a hacer el pago de los 200.000 dólares, al tiempo que pidió al Gobierno que se apartara de la investigación para facilitar la liberación del joven.
Los secuestradores habían dejado un escrito con esas instrucciones, junto a la de que no informaran a las autoridades.
Sin embargo la carta, que ponía como plazo de pago el miércoles, fue filtrada en las redes, así como el lugar del depósito. Tras esa divulgación, la familia pidió a los secuestradores nuevas coordenadas y la prueba de vida de Ríos, quien finalmente apareció muerto.
Los secuestros junto con el cobro del "impuesto revolucionario", son las fuentes de financiamiento de la actividad del EPP y de otro de sus desmembramientos, el Ejército del Mariscal López, que en octubre de 2016 secuestró al ganadero Félix Urbieta, también con paradero desconocido.
No obstante, la exigencia del EPP para liberar a Denis fue un reparto de alimentos por valor de dos millones de dólares entre comunidades campesinas, algo que la familia aseguró haber cumplido.
La segunda condición fue la excarcelación de dos históricos miembros de la guerrilla, a lo que el Gobierno no accedió.