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Parece difícil que el proceso electoral de renovación parlamentaria que ya está en marcha pueda determinar un desempate en la pulseada que libran las dos grandes coaliciones. Más allá de la contabilidad de los sufragios, que decretará que una de ellas consiguió más votos que la otra, todo permite aventurar que, así sea con leves variantes, la actual relación de fuerzas en el Congreso se mantendrá: el Frente de Todos conservará su ventaja amplia en el Senado y su condición de primera minoría -sin quórum propio- en la Cámara Baja.
Lo que sí habrá cambiado en noviembre, cuando las urnas hayan cumplido su misión, es el nivel de apremio que impone la crisis de fondo del país, apenas anestesiada o diferida con procedimientos que ya tocan el límite.
Un persistente derrame social va colmando los rangos de la población menesterosa, empujando hacia abajo a las clases medias y convirtiendo en indigentes a los pobres. El parche del subsidio -un recurso desgastado- se financia con una inflación que agrava el mal y genera más víctimas y que crece pese a congelamientos de tarifas y controles de precios que fatalmente deberán abandonarse o serán abolidos por la realidad.
La manifestación más explícita de la crisis probablemente se demore hasta después de las elecciones de noviembre que, aunque están lejos de apasionar a una población fastidiada por la impotencia de la política, todavía sostienen algún hálito de esperanza. Está claro que inmediatamente después de noviembre esa esperanza se pondrá al cobro, la cuota de tolerancia que suele suceder a una elección (siempre menor, de todos modos, si se trata de un comicio no presidencial) está prácticamente agotada.
La crisis social (y económica) se sobreimprime a una crisis de gobernabilidad, cuyo rasgo más notorio es el continuo eclipse de la autoridad presidencial. Por debajo de esa creciente erosión, se debilitan o se degradan buena parte de los dispositivos que normalmente mantienen la cohesión social, desde la confianza en la Justicia hasta la disciplina colectiva o el respeto a las disposiciones de las autoridades. Ante la pandemia, los poderes nacionales o locales se han visto forzadas a flexibilizar reglas o a hacer la vista gorda frente a su incumplimiento cuando comprobaron que no serían acatadas y que se volvería impracticable hacerlas obedecer.
El proceso que lleva a la oficialización de candidaturas de las fuerzas políticas a través de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias ofreció ejemplos claros de la corrosión que afecta a las autoridades.
La señora de Kirchner -para sus críticos quintaesencia del autoritarismo y expresión de un proyecto autocrático- no consiguió que un político adicto, lealmente kirchnerista, como el exministro de Defensa, Agustín Rossi, resignara su precandidatura a senador por la provincia de Santa Fe para poder ofrecer una boleta unida. La señora ni siquiera había intentado pedirle obediencia al gobernador Omar Perotti, porque ya sabía que no tendría éxito, por eso absorbió resignadamente la necesidad de pactar con él, respaldar la lista apadrinada por el gobernador y conformarse con colar allí a una seguidora fiel.
En relación con el presidente, Rossi sufrió el síndrome Losardo agravado. A la exministra de Justicia, muy amiga y exsocia de Alberto Fernández, éste no se sintió en capacidad de defenderla cuando recibió cañonazos del Instituto Patria y la dejó ir. Con Rossi fue, en cierto sentido, peor. Antes de que le pidieran la renuncia por mantener su candidatura, había sido exhortado a presentarse en Santa Fe (al parecer, la Casa Rosada quiso neutralizar así ciertas presiones que pretendían que Santiago Cafiero fuera candidato en la provincia de Buenos Aires y que Rossi lo reemplazara como jefe de gabinete). "Si el Presidente hubiera aceptado que Cafiero fuera candidato en las elecciones legislativas bonaerenses de este año, Rossi era el número puesto para sucederlo" -explicó esta semana un cerebro del sector, Horacio Verbitsky, quien concluyó con sorna: "El Presidente parece creer que la estabilidad de Cafiero garantiza la suya". El comentario ilustra el tema de la autoridad presidencial.
Y también ilustra cómo los poderes locales se defienden de los que están en un plano superior, en un proceso de desagregación. Rossi creía contar con el visto bueno del Presidente, pero no se retrajo al enterarse de que Fernández y la vice le habían sacado la escalera: insistió en mantener su candidatura. Si bien Rossi no quiere hacerle el campo orégano a Perotti (que quiere posicionar un sucesor propio) porque aspira a sustituirlo en 2023, conviene también escuchar sus argumentos. Él afirma que Perotti "no respalda realmente al oficialismo" y se prepara para confluir "con la línea que encarna el gobernador de Córdoba", Juan Schiaretti.
Con ese razonamiento, Rossi busca justificar su desobediencia fundándola en una lealtad de fondo a la señora de Kirchner. Cuatro décadas atrás, el jefe metalúrgico Augusto Vandor forjó una premisa parecida para disculpar una indisciplina electoral ("Hay que estar contra Perón para salvar a Perón") y fue duramente censurado por el jefe del movimiento. Lo de Rossi no es seguramente una excusa, parece más bien una plausible conjetura: las coincidencias entre Perotti y Schiaretti (menos basadas en conspiraciones que en las similitudes objetivas en el perfil socioeconómico de sus respectivas provincias: agroindustriales y exportadoras) son obvias. Puede suponerse que en la elección de 2023 busquen una confluencia. Rossi parece dispuesto a hacer valer el año próximo la lealtad a la señora de Kirchner que hoy proclama. Por el momento, lo que se ve es su desobediencia, que a él le cuesta el puesto de ministro de Defensa y a Fernández una sentida baja en su gabinete.