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A lo largo de sus 16 años de gestión al frente del municipio de Pichanal, Julio Jalit omitió y falseó sus declaraciones juradas ante la Escribanía de Gobierno de la Provincia, en incumplimiento a la obligación legal que tenía de informar sus bienes al inicio y el cese de cada mandato, como así también ante cada aumento y modificación que tuvo su patrimonio entre 2003 y 2019.
Jalit no fue el único funcionario público que eludió por años la legislación de ética y transparencia que rige en Salta, sin que su inconducta fuera sancionada como ordena la normativa anticorrupción: "La omisión de la declaración, el ocultamiento de bienes, las falsedades en la declaración efectuada y el enriquecimiento a través de interpósita persona constituyen causas de remoción de los funcionarios de nombramiento directo y configuran grave inconducta de los funcionarios de origen electivo cuyo juzgamiento está a cargo de los órganos constitucionales competentes", expresa el texto de la Ley 3382 y las normas que lo actualizaron con plena vigencia hasta hoy.
La investigación de la causa que tiene al exintendente de Pichanal a un paso del banquillo por enriquecimiento ilícito, fraude a la administración pública y negociaciones incompatibles, entre otros cargos, confirmó que Jalit eludió sistemáticamente la obligación de presentar sus declaraciones juradas y que, cuando finalmente lo hizo, las falseó.
Al cotejar sus declaraciones de 2014, 2015 y 2017 y 2019 con un informe que elaboró la Unidad de Análisis Criminal (UNAC) con datos de registros públicos, la fiscal de Delitos Económicos de Orán, Mónica Viazzi, confirmó notorias inconsistencias por las que sumó contra Jalit una acusación penal por falseamiento malicioso de declaraciones juradas.
Esas abismales diferencias entre los inmuebles, vehículos y otros bienes declarados y el patrimonio real habían quedado expuestas en un informe periodístico que El Tribuno publicó el 10 de marzo de 2019, nueve días después de que, en la apertura de sesiones del Concejo Deliberante de Pichanal, el intendente se dirigiera a ediles opositores que lo denunciaron con aquella frase que escandalizó al país: "Hasta para robar hay que ser inteligente y yo me considero un tipo inteligente".
En el juicio, que solo espera fijación de fecha, Jalit también deberá responder por fondos sociales que, según denuncias presentadas desde 2014, se distrajeron a comedores y familias vulnerables en momentos en que muertes de niñas y niños desnutridos sacudían a la sociedad argentina desde Pichanal y otros municipios del norte, con contrastes obscenos entre la pobreza de sus hogares y el enriquecimiento de sus intendentes.
En este punto, la acusación fiscal resaltó que Jalit no rindió partidas que se transfirieron al municipio de Pichanal desde el Fondo Federal Solidario, a través del Plan Más Cerca, ni ingresos del Plan Alimentario Nutricional Provincial y del Programa de Asistencia Financiera a Provincias y Municipios.
En otras denuncias, concejales de la localidad manifestaron que hasta 2017 el presupuesto municipal de Pichanal se trató a libro cerrado y sin que se labraran actas. Con las actuaciones judiciales, además, se corroboraron dobles imputaciones respecto de obras ya presupuestadas pero que nunca se ejecutaron.
En la acusación, la fiscal Viazzi detalló varios legajos administrativos concretos. En uno de esos casos, se presupuestaron $30 millones para dotar de gas y electricidad al Parque Industrial de Pichanal, pero la obra no se hizo. El municipio compró esos terrenos a KyM, empresa expendedora de combustibles en la que Jalit había trabajado antes de iniciar su carrera política en los noventa y que hoy también tiene a sus autoridades, Leonardo Darío Macarón y Lilia Amanda Klarmann, imputadas junto al exjefe comunal en la causa que acaba de elevarse a juicio. El Parque Industrial de Pichanal se inauguró en 2011 con solo un cartel y una casilla, pero quedó en la nada. Del mismo modo, se presupuestaron las obras de la inexistente feria municipal de Pichanal. El complejo municipal también figuró en más de un presupuesto.