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El Gobierno provincial expresó su decisión de eliminar las PASO (primarias, abiertas simultáneas y obligatorias), regulada por ley Nº 7.697 (Boletín Oficial 12/12/11), con el argumento económico sustentado, además, en la opinión del supuesto malestar del pueblo por ir a votar varias veces en mismo año.
No me cabe la menor duda de que el ingreso del proyecto de ley a la Legislatura tendiente a eliminarlas, obedece a una intención previa del Ejecutivo en llevarlo a cabo, de modo que también tengo la certeza de que dicho proyecto saldrá aprobado al tener mayoría legislativa en ambas Cámaras, producto del antidemocrático e inconstitucional sistema de elección que tenemos, fundamentalmente en Diputados, que tergiversa la voluntad popular en orden a la representatividad dando mayorías ficticias al oficialismo.
No obstante, no es correcto ni sano democráticamente que ello se lleve a cabo en medio de un año electoral (quedan 10 meses para las elecciones provinciales definitivas proyectadas para abril de 2023), ya que en todo caso debería tratarse luego, o bien, tener efecto para después de las elecciones del 2023.
Y, por el otro, la sociedad debería advertir que el supuesto motivo por el cual se quiere eliminar las paso (son costosas y en beneficio del pueblo porque está cansado de votar muchas veces en un año) contrasta notablemente con la decisión del Ejecutivo provincial públicamente manifestada, en cuanto a desdoblarlas de las nacionales, porque allí emergen tres notables autocontradicciones.
Todo el mundo sabe que la buena fe se erige en principio rector de la conducta esperable en todos los órdenes de la vida, de modo que la respuesta contradictoria frente a estímulos similares se la reputa de mala fe.
Se ha dicho que “la autocontradicción o intercadencia es la ‘versatilidad’, inconstancia en la conducta o en los afectos. La prueba de la intercadencia se da en el derecho procesal cuando una de las partes... no es constante en el tenor de sus dichos”. “Tiene la virtualidad de debilitar la posición procesal de quien ha incurrido en ellas; se trata de una prueba presuncional en su contra, estándole permitido al Tribunal tomar de las varias versiones de la parte autocontradictoria la que más favorece a la posición de su ocasional contraria” (Peyrano, Jorge W. y Chiapinni, Julio O., “El proceso atípico”). La CJS ha dicho: “De acuerdo con la Doctrina de los propios actos sentada por la Corte de Justicia de la Nación, nadie puede ponerse en contradicción con sus propias actitudes ejerciendo una conducta incompatible con una anterior conducta deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz” (Fallos CJS, 139-275; 235-256 y 459.) .
La primera intercadencia tiene que ver con el argumento económico y el supuesto bienestar social, toda vez que, si el gobierno provincial decide unificar las elecciones provinciales con las nacionales, se ahorrará el costo de lo que significa llevar adelante una elección provincial que, aproximadamente, es de $1.000.000.000 (un mil millones de pesos), y los electores votarán solo una vez.
La segunda versatitilidad se da entre la propia conducta electoral manifestada en el año 2019 por parte del entonces candidato a gobernador -de participar en la unificación de las elecciones provinciales con las nacionales, porque ello era beneficioso al ser apoyado provincialmente en ese momento por Juntos por el Cambio, que además gobernaba en Nación-, y la actual conducta preelectoral de desunificarlas, porque no tiene el apoyo local de nuestra fuerza electoral, y debido a que gobierna el Kirchenrismo, que seguramente será castigado en las urnas. Al Gobierno provincial le conviene despegarse electoralmente del Gobierno nacional, para no resultar perjudicado. Allí radica el verdadero motivo, y se soslaya el argumento económico.
Y, finalmente, en orden al fundamento económico, corresponde marcar otra gran autocontradicción, pues cuando estábamos debatiendo las elecciones a medio término en oportunidad del tratamiento de la reforma parcial de nuestra Constitución Provincial, a los convencionales constituyentes oficialistas no les importó la economía eleccionaria para impedir un acto electoral cada dos años, a fin de renovar los concejales y los legisladores.
Nuestro bloque Juntos por el Cambio + sostenía en cambio que no eran convenientes las elecciones a medio término en ambos casos, por una simple cuestión económica, no solo por lo costoso de una elección sino fundamentalmente por la pobreza provincial que rondaba el 50%, según un estudio realizado por la UNSa, y porque nuestro sistema democrático es aún inmaduro a diferencia del de EEUU por ejemplo, que sí la tienen y es de donde proviene este sistema de renovación.
Dijimos durante la Convención que una elección cada dos años importaba el gasto de $1.000.000.000 (un mil millones de pesos), y con ese dinero se podrían realizar durante dos años 100 (cien) pozos de agua para las comunidades del norte de nuestra provincia, tan castigada por la falta de ella y tan desinteresada en la renovación bianual de autoridades legislativas.
Sin embargo, eso no les importó a los legisladores constituyentes, entre los cuales estaban el actual ministro de Gobierno y el vicegobernador, que ahora llamativamente sostienen la cuestión económica. También integraban la Convención por el oficialismo la secretaria general de la Gobernación, la mayoría de los intendentes oficialistas, y muchos diputados provinciales oficialistas, que votaron en el mismo sentido que aquellos.
Hacemos conocer a la sociedad nuestra postura al respecto. Las reglas electorales deben ser claras y sostenidas en el tiempo. No es correcto que se vivan cambiando de conformidad a las pretensiones y, en algunos casos, a las arbitrarias decisiones del gobernante de turno (Internas, ley de lemas, Pasos -sí en algunos casos, no en otros-). Entendemos que el día del acto eleccionario debería estar previsto legalmente y, mejor aún, tener jerarquía constitucional. Por ejemplo, el tercer domingo de determinado mes, y en lo posible sugerir la unificación con las nacionales, cuando se den el mismo año.
Las PASO permiten la participación ciudadana para que el pueblo decida cuál de los candidatos del frente electoral es la mejor opción para ejercer contrafuerza al oficialismo en las siguientes elecciones definitivas, y en igualdad de oportunidades, porque en caso contrario la oposición -que constituye una de las bases de la institucionalidad democrática- llegará a las elecciones definitivas dividida y, de ese modo, se beneficiará el partido gobernante obteniendo así una inmerecida e innecesaria ventaja electoral. Se verificaría aquí la conocida frase atribuida al emperador romano Julio César “divide y vencerás”.
Si se decide por internas cerradas de los afiliados, se dificulta la elección en el caso de los frentes electorales, al tener cada partido distinta cantidad de afiliados. Lo cuantitativo dificulta lo cualitativo.
Sugestivamente, la decisión de suspender, ahora eliminar, las PASO por parte del Sr. gobernador, no hace más que demostrar debilidad política, por cuanto tiene la clara intención de mermar la potencia del frente electoral opositor, cuando se supone que no lo necesitaría al tener el aparato estatal a su favor para una eventual renovación de su mandato.