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El alto valor simbólico que tuvo la decisión de Raúl Alfonsín de finalizar sus proclamas políticas con el ideario contenido en el preámbulo de la Constitución Nacional se tradujo en la esperanza que logró insuflar en los ciudadanos, en el comienzo de una nueva etapa en la que el objetivo central era restablecer la esencia de la democracia republicana, que tiene como principios la organización de un gobierno con poderes equilibrados y limitados, la subordinación de todos ante la ley, el acceso a la Justicia para la resolución de los conflictos y la igualdad más allá de quién gobierna.
En 1853 el pueblo argentino consiguió consolidar un proyecto nacional mediante un acuerdo constitucional. En 1983 resultaba indispensable restaurar la unión nacional y afianzar la Justicia. Esas ideas primordiales fueron el sello de la etapa de consolidación democrática. Pasaron 39 años desde aquel entonces, cabe preguntarnos si hasta el presente pudieron cumplirse esas premisas básicas.
Sistema constitucional debilitado
En las últimas tres décadas nuestro sistema constitucional se ha visto asediado por una serie de situaciones que ponen en riesgo su estabilidad.
Una de ellas es la tendencia de la mayoría de los gobiernos de subordinar a los organismos de control para conseguir impunidad. Otra son las recurrentes violaciones a la Ley fundamental, que cual "microgolpes de Estado" van devaluando progresivamente la democracia constitucional.
El cuadro se completa con el copamiento de numerosos medios de prensa que sobreviven gracias a la pauta oficial, verdaderas correas de transmisión de los relatos del régimen, colonizados por periodistas que son panegiristas profesionales del oficialismo.
Cada nuevo retroceso resulta superado por el siguiente y termina por ser naturalizado ante la anomia ciudadana.
Carlos Nino, uno de los mayores constitucionalistas y filósofos que tuvo el país, señalaba los efectos destructivos de lo que denominaba la "anomia boba" que impera entre nosotros, traduciéndose en una falta de respeto a las reglas que solo provoca beneficios efímeros. Incumplir la ley, tergiversar su contenido, evadir impuestos, se vuelve así caldo de cultivo para una más extendida ilegalidad que terminará alcanzando a todo y a todos.
La falta de confianza en la Justicia es otra de las manifestaciones más evidentes de este preocupante fenómeno colectivo. Para que la ley, los contratos o las relaciones de convivencia sean respetados es fundamental contar con un Poder Judicial independiente, cuyas palabra y acción no se encuentren devaluadas. El problema más grave que tiene hoy la Justicia es la intromisión de la política en la decisión de las causas.
Estas situaciones generan una cultura estatal en la que poco importa la división de poderes y la transparencia republicana, rasgo típico de la vigente autocracia electoral.
Como bien sostenía Lord Acton, político inglés del siglo XIX, "el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente". Aquellos Estados donde se violan los principios fundantes del sistema republicano son un lamentable ejemplo de la vigencia de esta célebre frase.
Crisis transversal
En relación con la economía, hoy se patentiza una crisis que atraviesa al modelo económico, ya que, en mayor o menor medida, en todos los países, hay descontento, sociedades polarizadas, fracturas entre la sociedad civil y las elites, crisis de los partidos políticos, violencia e instituciones que parecen no dar cuenta de las demandas de la sociedad y de la celeridad de los tiempos.
La inversión privada es la base de la producción y la falta de inversiones se debe a un naufragio institucional: la inestabilidad de las reglas de juego y un poder judicial concupiscente.
La pobreza es un concepto multidimensional que abarca tanto a la economía, como a la cultura y la política. La primera produce la misma cantidad de bienes que hace 15 años con un PBI per cápita similar al de hace 50. Nuestro Estado tiene un gasto público consolidado actual del 46,3% respecto del PBI, que es de 383 mil millones de dólares anuales, porcentaje superior al de países desarrollados como Alemania (del 43%) y el de EEUU (38%), pero, a diferencia de estos, con servicios públicos deficientes. No es difícil deducir su consecuencia: ni siquiera acompaña al crecimiento vegetativo de la población dejando a nuevos segmentos fuera del mapa de la formalidad. A lo que se adiciona un veloz crecimiento de la pauperización y la desigualdad. De hecho, todos los días se agregan a la "estadística" 2.000 pobres más. Con una inflación creciente que acelera la pérdida del poder adquisitivo a razón de entre 4 y 5% cada mes.
En el plano estrictamente social, las cifras del propio índice oficial son contundentes. En Argentina, el país más integrado y próspero de América Latina hasta hace cincuenta años, hoy el 44% de la población no puede satisfacer necesidades básicas. Lo más grave es su proyección infantil, predictiva del futuro: se amplía hasta el 60% en el Noroeste, el 62% en el Nordeste, el 65% en el AMBA y el 72% en el Conurbano bonaerense. Confluyen allí una minoría de trabajadores formales, pero de ingresos restringidos por asistir a familiares al borde o excluidos; empleados públicos y jubilados cuyos ingresos registran en lo que va del año un retraso del 6% respecto de la inflación, y un enorme universo de autónomos, monotributistas, cuentapropistas y pequeños comerciantes que oscilan entre la dignidad autónoma y la necesidad de asistencia estatal. Esta última es relativamente generosa para los grupos cooptados por la política; aunque aun así insuficiente y complementada mediante trabajos temporarios para no caer en la indigencia.
Se suma a ello su inmensa capacidad para incrementar poder, organizando "colectivos" a los que se les confiere la representación de organizaciones sociales beneficiarias de diferentes programas; siempre listas para su movilización e incondicionales al relato oficial.
Una nueva política
Resulta inútil apostar al fin de este estado de cosas mediante estallidos sociales o alternancias electorales. Desde hace veinte años el orden pobrista los ha resistido inconmovible. Solo una nueva política podría sentar las bases de un país distinto, en el que se gobierne con eficacia, promoviendo la educación, respetando la independencia de los poderes, logrando el desarrollo que contribuyera a sacar a la provincia y a su pueblo de las condiciones de vulnerabilidad en la que vive un alto porcentaje de sus habitantes y, además de ello, una masa crítica de moderación, buena fe y paciencia dispuesta a sustanciar unas pocas reformas cruciales transgubernamentales a realizar en no menos de veinte años. En su defecto, la cultura del atasque y del asedio recíproco, consustanciales al régimen, seguirá hundiéndonos en la decadencia. Nuestro objetivo debiera ser tender hacia algún sitio, más que procurar destruir nuestro presente.
</SUBTITULO>Como superar la difícil situación
La esperanza podrá emerger el día que dejemos definitivamente de lado nuestra indiferencia ciudadana para dar lugar a un tipo de renovado optimismo detrás de un programa dialogado y consensuado de país que hoy es inexistente. La superación de la penosa situación en que nos encontramos tendría que surgir del esfuerzo por crear un porvenir diferente. El escenario actual requiere entonces de un nuevo ensayo, de un pacto aspiracional que nos aglutine de cara al futuro con el prevalente objetivo de restaurar la unión de los argentinos para consolidar un proyecto nacional, lo que solo será posible mediante un gran acuerdo de gobernabilidad democrática previsto en la Constitución.
Nunca desde 1983 la República ha corrido tanto riesgo como en el momento actual. Es imprescindible que los ciudadanos emprendamos acciones positivas y concretas para evitar su aniquilación.