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Autoridades de la Unidad de Información Financiera (UIF) instruyeron el miércoles último en Salta al sector de los juegos de azar sobre las nuevas regulaciones aprobadas para prevenir e impedir movimientos de dinero relacionados con el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
El jefe del Gabinete de Asesores del organismo nacional, Nicolás Vergara; la directora de Agencias Regionales, Delfina Cabral y Vedia; el director de Administración y Gestión de Recursos, Emiliano Zito, y el coordinador de la Agencia Regional Norte, Oscar Pedro Guillén, también se reunieron con representantes del Consejo Profesional de Ciencias Económicas y el Colegio de Escribanos. En ese encuentro se abordaron los principales lineamientos para la gestión de riesgos de lavado y de cumplimiento mínimo que serán incorporados en la nueva regulación específica del sector de escribanos públicos y contadores, próxima a emitirse, en base a las pautas definidas en el seno del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
En otra mesa de trabajo, de la que tomaron parte autoridades del Ente Regulador del Juego de Azar (Enreja), se trataron las incorporaciones establecidas en la resolución 194 de la UIF, que después de 12 años adecuó los requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo y mitigación de los riesgos de lavado por las personas y empresas que explotan juegos de azar.
En los considerandos de la citada resolución, se remarcó que ha transcurrido más de una década desde el dictado de las regulaciones que rigen para el sector desde 2011, lapso en el cual la captación de apuestas a través de internet "ha ido en ascenso; presentando dicha modalidad de juego características y riesgos propios, diferentes a los del juego presencial".
Ante esta realidad, la nueva normativa, que se publicó el pasado 29 de septiembre en el Boletín Oficial de la República Argentina, incorpora a las regulaciones el concepto de juego no presencial y añade nuevos procedimientos y controles que deberán cumplir los operadores de la actividad como sujetos obligados por el artículo 20, inciso tercero, de la ley 25.246. Esa norma nacional contempla fuertes sanciones económicas, a la par de las acciones penales previstas por encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo.
La resolución 194 establece, entre otros puntos, la obligación de efectuar reportes sistemáticos tanto mensuales como anuales, e incorpora señales de alerta orientativas que deberán ser observadas por los sujetos obligados a fin de determinar si corresponde emitir un Reporte de Operación Sospechosa (ROS).
En las reuniones que se llevaron a cabo en la capital salteña, los funcionarios de la UIF destacaron la importancia de la aprobación de la propuesta de reforma del Sistema Preventivo Nacional, proyecto de ley que ya cuenta con media sanción de la Cámara baja en el Congreso.
Desde el organismo nacional se indicó que las actividades desarrolladas buscan "fortalecer el rol federal de la UIF y materializar en acciones concretas el trabajo de prevención y represión de los delitos de lavado de activos y la financiación del terrorismo" en el área de la regional norteña, que además de Salta abarca a Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, Chaco y Formosa.
La Unidad de Información Financiera (UIF) es un organismo autónomo y autárquico que funciona desde 2000 bajo la órbita del Ministerio de Economía de la Nación y se encarga del análisis, tratamiento y transmisión de información de inteligencia financiera para prevenir e impedir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Su órgano de gobierno cuenta con una Presidencia, que ejerce actualmente Juan Carlos Otero, una Vicepresidencia y un Consejo Asesor de siete vocales que representan al Banco Central de la República Argentina (BCRA), la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Comisión Nacional de Valores (CNV), la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico y los ministerios de Economía, de Justicia y Derechos Humanos y del Interior.
Desde 2000, Argentina es miembro pleno del GAFI, organismo intergubernamental cuyo propósito es el desarrollo y la promoción de estándares internacionales para combatir los mencionados delitos, como también el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Captación de apuestas a través de internet
La nueva reglamentación que aprobó la UIF establece requisitos mínimos que deberán atender quienes explotan juegos de azar para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo. Para evitar que la actividad regulada pueda ser utilizada por terceros con objetivos criminales, personas humanas o jurídicas que como actividad habitual exploten juegos de azar, deberán "recabar de sus clientes, requerientes o aportantes documentos que prueben fehacientemente su identidad, personería jurídica, domicilio y demás datos que en cada caso se estipule".
La nueva regulación pone particular énfasis en las nuevas modalidades de captación de apuestas a través de internet, como el juego en línea o de forma no presencial y, con esta lógica, fija criterios que deberán observar los sujetos obligados para "determinar el momento en el que se deberán aplicar las medidas de debida diligencia" respecto de algún cliente. En relación con intermediarios en el ofrecimiento, comercialización o explotación de juegos de azar, también se fijan reglas mínimas que deberán cumplir los sujetos obligados al establecer su relación comercial con ellos.
Además, se introduce en el monitoreo transaccional la obligatoriedad de establecer mecanismos de vigilancia física, de video o electrónica, cuando los operadores de juegos de azar realicen su actividad en salas, a fin de prevenir la compraventa de premios, transferencia de créditos, fichas, valores o dinero entre jugadores.
Adicionalmente, se incorporan señales de alerta orientativas que deberán ser contempladas por los sujetos obligados para identificar vulnerabilidades y amenazas, a fin de que la UIF determine si corresponde o no efectuar un Reporte de Operación Sospechosa (ROS).