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23 de Mayo,  Salta, Centro, Argentina
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Un juez le dio arresto domiciliario a los jefes de la cárcel que son investigados por varios delitos

Siete funcionarios del Servicio Penitenciario de Salta y otros involucrados en la causa fueron enviados a sus domicilios por el juez Diego Rodríguez Pipino. El Ministerio Público Fiscal se opuso por las graves acusaciones y participación en los delitos tanto en perjuicio de la Administración pública, como relacionados a la comercialización de drogas.
Lunes, 18 de diciembre de 2023 18:39

El juez del Juzgado de Garantías 4, Diego Rodríguez Pipino, negó este mediodía la prisión preventiva solicitada por los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio y Gustavo Torres Rubelt para los funcionarios del Servicio Penitenciario detenidos e investigados porque habrían exigido dinero a cambio de otorgar ciertos beneficios  a presos o permitido el ingreso de elementos prohibidos y estupefacientes para personas detenidas.

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El juez del Juzgado de Garantías 4, Diego Rodríguez Pipino, negó este mediodía la prisión preventiva solicitada por los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio y Gustavo Torres Rubelt para los funcionarios del Servicio Penitenciario detenidos e investigados porque habrían exigido dinero a cambio de otorgar ciertos beneficios  a presos o permitido el ingreso de elementos prohibidos y estupefacientes para personas detenidas.

Siete jefes de la cárcel involucrados

Pese al pedido de la Unidad Fiscal conformada por la fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, y los fiscales Penal de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR), Santiago López Soto y Gustavo Torres Rubelt, para que los siete funcionarios del Servicio Penitenciario y los otros involucrados permanezcan detenidos, el juez Rodríguez Pipinio otorgó el arresto domiciliario a 14 de los involucrados. Sobre uno de los detenidos aún no falló y sobre el hombre que cumple condena en la Unidad Carcelaria 1, ordenó que continué detenido.

La madre de un preso está implicada

Entre los beneficiados con el arresto domiciliario se encuentra la madre de un hombre privado de la libertad que habría cumplido el rol de fraccionar sustancias estupefacientes y entregarlas a un guardia cárcel, que a su vez la ingresaba al penal y la entregaba al detenido para su comercialización en la Unidad Carcelaria N° 1.  También se secuestraron “facas”, celulares, y otros elementos prohibidos en los puestos de trabajo de los funcionarios.

Piden que sigan detenidos para evitar el entorpecimiento de la causa

Los representantes del Ministerio Público Fiscal insistieron ante el Juzgado en la necesidad de que los involucrados permanezcan detenidos para poder avanzar en la investigación y evitar el entorpecimiento de la causa y el libre testimonio de los testigos, por el riesgo de presionar a estos ultimos. 

Hubo 36 allanamientos

Fundamentaron, además, su pedido en la contundencia de las pruebas recabadas y en los secuestros efectuados el 6 de diciembre pasado durante los 36 allanamientos efectuados, en una causa sin precedentes, de un abyecto y condenable aprovechamiento de vulnerables privados de libertad que debian pagar para acceder a beneficios, entre otras negociaciones abominables.

El juez Rodríguez Pipino consideró que no existía riesgo procesal alguno para la investigación, que demandó más de dos meses de esfuerzos y recursos al Ministerio Público Fiscal, y otorgó el arresto domiciliario a los involucrados.

Los fiscales se mostraron sorprendidos por la decisión tomada hoy por el juez de Garantías 4, en la que determinó el arresto domiciliario de personas con graves acusaciones y participación en los delitos tanto en perjuicio de la Administración pública, como relacionados a la comercialización de estupefacientes
 

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