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La media sanción de la Cámara de Diputados de Salta a la reforma del Código Contravencional para reglamentar el uso de los medios digitales y la información pública nunca verá la luz, sencillamente, porque el gobernador Gustavo Sáenz ya advirtió que, en caso de ser aprobada por el Senado, él mismo la derogaría.
El mundo digital avanza vertiginosamente y exige a los legisladores adecuar la normativa a los tiempos, elaborando proyectos con fundamentos tecnológicos y jurídicos. El vértigo no justifica atropellos a los derechos humanos ni triquiñuelas para facilitar la impunidad.
El proyecto en cuestión introduce al actual Código cinco artículos referidos a cuestiones que, según los legisladores, serían delitos, aunque el Código Penal no los contemple como tales. Así lo defendió en el recinto, incluyendo algunas chicanas, la autora del proyecto, Socorro Villamayor, quien sumó las firmas de numerosos diputados oficialistas.
El texto evidencia gran improvisación jurídica al pretender legislar sobre la difusión de imágenes íntimas de otras personas en las redes, el uso de esas filmaciones o fotografías para ofrecer prostitución y la intimidación u hostigamiento por vía digital.
Es probable que la expansión de la tecnología vaya más rápido que las leyes, pero lo cierto es que los códigos Civil y Penal ya tipifican casos como los mencionados y, en última instancia, debe ser el mismo Congreso el que aborde cualquier reforma.
El cada artículo se reitera la frase: "No configura contravención el ejercicio del derecho a la libertad de expresión", pero, de hecho, en todos los casos planteados está siendo regulado ese derecho. Y esto es más evidente en el artículo 50, que califica como contraventor al que "creare o difundiere noticias falsas, sabiendo que lo son, dentro del espectro digital, con el fin de infundir pánico, desacreditar personas o autoridades oficiales o generar desórdenes o tumultos".
Es de destacar que las "fake news" son un problema en el mundo, pero ningún gobierno democrático las neutraliza amenazando a quien las publique. El texto resulta una advertencia para cualquier persona que brinde información pública que moleste a los funcionarios. Es decir, es un condicionamiento previo, que busca imponer la autocensura.
De hecho, lo que el proyecto define como "noticia falsa" puede ser utilizado como criterio para acusar a un opositor, a un ciudadano enojado o a un periodista como agitador. Así sucede en las dictaduras.
Por eso, el proyecto constituye un ataque contra la libertad de información, de opinión y de prensa, y se contradice con los términos de la Constitución Nacional y de una amplia jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Y, a nivel internacional, con los pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los principios sostenidos por la Sociedad Interamericana de Prensa.
El derecho a la información es de la ciudadanía, que necesita estar informada para decidir sobre su vida y sobre su voto. Esa fue la razón de la inmediata reacción de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, que denunció en un comunicado que el proyecto de Villamayor es "incompatible con los estándares internacionales sobre restricciones a la libertad de expresión".
En el recinto, la única diputada que expresó su voto negativo y lo fundamentó en la defensa de la información pública fue Sofía Sierra (PRO).
La predisposición de la cultura política a tolerar solamente a la prensa adicta se debe a que, de ese modo, se ocultan los ilícitos y se minimizan los fracasos. Esa desinformación, intencionada, es la más grave y violenta de las noticias falsas, porque es provocada desde el mismo poder del Estado.
Por eso es de destacar el buen criterio del Gobierno al anunciar desde el primer momento que, si esa ley se sanciona, será vetada.