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Humberto Otazú, el juez paraguayo a cargo del caso del senador argentino Edgardo Kueider, quien tiene arresto domiciliario en Asunción, aseguró ayer que si se prueba su culpabilidad, "de acuerdo a esta normativa, puede recibir dos años y medio de privación de la libertad".
"Para nosotros no es un asunto de tanta notoriedad porque no es funcionario paraguayo", señaló el magistrado en declaraciones a Radio Rivadavia.
Asimismo, aclaró que el senador es considerado "un simple turista como cualquier otro extranjero que llega al país", y que está siendo vigilado por la policía paraguaya, que "le está encima".
Sobre el proceso judicial, Otazú explicó que el caso tiene un plazo de seis meses para ser completado, según el Código Procesal paraguayo.
"El proceso puede durar cuatro meses, más, o inclusive se puede adelantar", precisó.
Además, destacó que "la fiscalía debe llevar adelante la investigación y luego presentar las conclusiones ante el juzgado".
En cuanto a la fianza de 150 mil dólares impuesta a Kueider y su secretaria, Iara Guinsel Costa, el juez detalló que "el dinero de la fianza está incautado", aunque aún no se ha depositado.
"El fiador que ofrecieron es un abogado reconocido, con buen prestigio profesional, y ha presentado toda la documentación", precisó.
Otazú también hizo hincapié en el impacto que generó el caso y señaló: "Para nosotros y para toda la región, el contrabando es un delito fuerte porque tiene implicancias en nuestra sociedad".
Subrayó que la situación ha captado "notoriedad e impacto mediático en ambos países".
Asimismo, el juez rechazó la posibilidad de que el senador pueda abandonar el país, y aseguró que pueden autorizarse videoconferencias para la comunicación judicial en la Argentina.
"La Policía Nacional debe realizar un control permanente sobre las personas, el edificio y las adyacencias. También sobre la puerta de ingreso y de salida del departamento. Son su sombra", sintetizó sobre la situación de Kueider, con prisión domiciliaria desde su detención.
Por último, descartó contactos diplomáticos argentinos que hayan pedido la extradición del legislador, a excepción de las comunicaciones formales que se cursan con los consulados cada vez que se detiene a un extranjero.