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El rector de la UBA, Ricardo Gelpi, alertó que "si no hay dinero" para hacer frente a las necesidades presupuestarias de la prestigiosa casa de altos estudios, "no va a quedar otra que cerrarla".
Las palabras del rector encendieron las alertas en medio del conflicto entre las universidades y el Gobierno nacional por el duro recorte presupuestario que aplica la administración libertaria. La tensa discusión vivirá un punto álgido este 23 de abril cuando habrá una marcha nacional en defensa de las casas de alto estudio, que cerrará con una concentración en Plaza de Mayo.
"Todavía no llegó plata refuerzo del 2023. La plata que llegó para el rubro Educación llegó enero y febrero a valores del año pasado y en marzo prometieron un 70% de refuerzo, pero eso todavía no llegó: ahora dicen que en mayo va a llegar otro 70%", sostuvo el funcionario de la casa de altos estudios.
En declaraciones radiales, Gelpi remarcó que esas sumas prometidas por el Gobierno están lejos de compensar el desequilibrio generado por la inflación: "No nos alcanza".
"La idea nuestra es no cerrar. Quiero pensar que el Gobierno va a modificar su conducta y nos va a dar los fondos. Si no nos dan los fondos, vamos a tener que cerrar o dejar de hacer las funciones que hacemos", señaló el ex decano de la Facultad de Medicina de la UBA.
E insistió: "Si no hay dinero, no nos va a quedar otra que cerrar".
Aunque destacó que "el tema crucial hoy es la cuestión económica", el rector de la destacada universidad remarcó que "el Gobierno también está poniendo en duda el tema de la educación pública, la salud pública y la ciencia pública".
"Están haciendo recortes sin discriminar lo que funciona bien de lo que funciona mal", indicó.
Los "extranjeros"
Al ser consultado sobre la cuestión de los estudiantes extranjeros que se forman en las universidades nacionales, Gelpi precisó que en la UBA son apenas un 6% del universo total de alumnos, por lo que explicó que cualquier tipo de arancel que se les quiera imponer "no sería significativo para las arcas de la universidad".
En ese sentido, señaló que ya aportan a través de los impuestos que pagan "porque viven en el país" y además remarcó que "la presencia de extranjeros es muy importante" por el intercambio que se produce.
"Para cambiar el régimen de gratuidad habría que modificar la Constitución", concluyó.
Restricción de insumos
El decano de la Facultad de Odontología de la UBA, Pablo Rodríguez, lamentó que por el ajuste en el presupuesto universitario "no se le pudieron dar insumos a los alumnos".
"Los costos son carísimos porque no se puede bajar de insumos top, para no bajar la calidad de enseñanza y de atención. Este año no pudimos darle insumos a los alumnos, porque distrajimos esos ingresos en otros gastos", sostuvo.
En declaraciones a radio Splendid-AM 990, Rodríguez recordó la resolución del Rectorado de la UBA para dictar la "emergencia económica", mediante la cual se dispuso que se apaguen luces, se reduzca el uso del gas y el ascensor sólo sea utilizado por personas con discapacidad.
"Es una complicación porque el lunes hubo un robo de computadoras a raíz de esta medida, se lo vio entrar pero no salir", contó.
Además, el decano de la Facultad de Odontología de la UBA subrayó que "el aumento de demanda viene sostenido desde la pandemia en cantidad de pacientes" y explicó que también "se sumó mucho paciente con su obra social prepaga, pero que no le cubre el tratamiento o la perdió recientemente por no poder pagarla".
"Los pacientes de clase más baja ya no concurren, se quedan en el lugar. Por eso hay unos programas para ir por los barrios brindando atenciones gratuitas", manifestó.
Las mismas partidas que en 2023
El punto de partida del conflicto fue la decisión del Gobierno de extender el Presupuesto 2023 lo que, con una inflación del 211,4% en el año, implica un deterioro en las posibilidades de las universidades públicas. Para paliar la situación en las universidades, se frenaron la conformación de cinco instituciones creadas por ley; la falta de paritarias a profesores; la Universidad de Buenos Aires informó que funcionará hasta el 31 de mayo; la suspensión total de obras de infraestructura científica y universitaria en ejecución y la no renovación de los sistemas nacionales de becas.