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El gobierno de Gustavo Sáenz presentó un proyecto de ley ante la Cámara de Diputados que propone cambios clave en el sistema de salud de Salta. Un punto central de la propuesta es que los afiliados al IPS "cesarán su condición de tal al momento de obtener la jubilación", dado que desde entonces pasan a ser cubiertos por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI). La modificación busca "evitar el desfinanciamiento del IPS".
Otro punto es la forma en que se prescriben los medicamentos y en el funcionamiento del Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS). La iniciativa busca que Salta adhiera al artículo 2° de la Ley Nacional N° 25.649, modificado por el DNU N° 70/2023, lo que obligaría a que todas las recetas médicas se realicen únicamente con el nombre genérico del fármaco o su denominación común internacional.
Según el proyecto, esta medida busca garantizar la libertad de prescripción y dispensación, evitando el privilegio de marcas comerciales. Se remarca que los medicamentos genéricos son "igual de eficaces y seguros" que los de marca, pero tienen un costo "sensiblemente menor", lo que permitiría ampliar el acceso a tratamientos esenciales.
En este sentido, el IPS reconocerá —en los porcentajes que correspondan— únicamente los medicamentos prescriptos bajo esa modalidad y que estén incluidos en el vademécum provincial. Esta decisión apunta a "racionalizar el gasto" de la obra social, actualmente en proceso de normalización y con la necesidad de equilibrar sus ingresos y egresos.
El IPS fue intervenido en febrero de 2025 debido a una profunda crisis financiera que comprometía la continuidad de sus servicios médicos. El gobernador Gustavo Sáenz designó al contador Emilio Savoy como interventor por un período de 180 días, con el objetivo de restablecer el equilibrio económico y operativo de la obra social.
La intervención se produjo en un contexto de deudas millonarias con prestadores de salud, lo que llevó a la suspensión de servicios médicos para miles de afiliados. El Círculo Médico de Salta y otras entidades profesionales denunciaron la falta de pagos por parte del IPS, situación que afectó la atención médica en la provincia.
El IPS cuenta con aproximadamente 270.000 miembros, lo que representa alrededor del 70% de los pacientes en la provincia de Salta. Esta cifra incluye empleados públicos, jubilados, pensionados y afiliados individuales.
Una Legislatura con mayoría oficialista
La propuesta cuenta con las firma de la secretaria general de la Gobernación, Matilde López Morillo, y del gobernador Gustavo Sáenz.
En el documento, el Ejecutivo solicita el acompaña miento y la sanción por parte de ambas Cámaras.
Aunque el Gobierno cuenta con los votos en la Legislatura, el proyecto promete generar un fuerte debate.