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Un desastroso derrame petrolero lleva dos años en el área Puerto Guardián de Pichanal. La firma embolsó fortunas, pero está concursada y se desentendió de su responsabilidad, como los organismos de control de su deber.
La trayectoria de los enmarañados cargos directivos de la empresa llevan hasta el 8 de junio de 2011. Ese día una sociedad anónima registrada en la Ciudad de Buenos Aires como Onda Lumini Energía cambió su objeto social y pasó a llamarse President Petroleum.
Además de esos cambios, en aquella asamblea se aceptó la renuncia de su directorio, integrado hasta entonces por dos abogadas: María Victoria Garino, letrada porteña del Estudio Jurídico Tenaillon & Esteban especializada en derecho societario, inscripciones y sociedades extranjeras, y Lucía Verónica de los Ríos, abogada matriculada en el Colegio de Abogados de Salta.
De acuerdo con las actas registradas en la Inspección General de Justicia (IGJ), bajo las normas de la ley de sociedades comerciales del país, el nuevo directorio quedó conformado por unos pocos días con el ingeniero en perforaciones Carlos Leandro Carbone, como presidente, y un holandés, Rudolph Francis Berends, como director suplente.
Desde el 16 de junio hasta el 21 de septiembre de 2011 -siempre según actas registradas en la IGJ- se sucedieron cuatro asambleas con las que el directorio de la sociedad continuadora de Onda Lumini Energía quedó reconfigurado con los abogados bonaerenses Alberto Mario Tenaillon (presidente) y Eduardo José Esteban (vicepresidente), junto a dos directivos de la empresa inglesa President Energy, Miles Biggins y Benjamín David Wilkinsons, como directores suplentes.
Tras los pasos administrativos y las publicaciones de ley, el 30 de marzo de 2012 la empresa porteña reconvertida en petrolera pasó a denominarse formalmente como President Petroleum. Ocho meses después, por decreto 3533, el gobernador Juan Manuel Urtubey autorizó Tripetrol a ceder sus derechos en la concesión de Puerto Guardián a President Petroleum.
En 2011, por decreto 4517, el Ejecutivo provincial había autorizado a Netherfield, otra de las firmas asociadas desde 2008 en el área petrolera de Pichanal, a ceder la totalidad de su participación a Petrolera San José. De esa forma la adquirente de las acciones y Tripetrol -ambas integradas por empresarios ecuatorianos- habían quedado como únicas socias -en partes iguales- en la concesión. Apenas después de cerrada aquella operación, con el decreto 4982/11, el gobierno provincial había extendido concesión de Petrolera San José y Tripetrol hasta el 24 de agosto de 2026.
Así, con la explotación de los pozos de crudo garantizada por al menos 14 años, en marzo de 2012 President Petroleum se hizo del 50% de los derechos del área Puesto Guardián. Dos años más tarde, la actual operadora de Puesto Guardián adquirió el 50% de las acciones que continuaban en manos de Petrolera San José y quedó como titular exclusiva del bloque salteño que hoy despierta enorme preocupación por los derrames petroleros del pozo LO-x10, de Lomas de Olmedo, y sus funestas consecuencias en suelos, napas, aguas superficiales, el ganado, animales de cría, la fauna autóctona, aves silvestres, la flora nativa y el ambiente.
El desastre ecológico, que lleva dos años, también mueve serios interrogantes porque pobladores afectados en la zona de El Retiro -a 9 kilómetros del paraje La Estrella, nudo de las rutas provinciales 5 y 13- esperan intervenciones urgentes que sellen las fugas del descontrolado pozo de Lomas de Olmedo y detengan los estragos ambientales y biológicos. Ramiro Morizzio, juez de Garantías de Orán, ordenó a President Petroleum una inmediata intervención en el pozo de Lomas de Olmedo, sin desconocer su obligación con el pasivo ambiental como operadora del área Puesto Guardián. Sin embargo, la dueña de la concesión ni siquiera se dignó a asistir a la audiencia judicial. Desde octubre de 2024 está concursada, con una deuda de más de 61 millones de dólares, y a un paso de la quiebra.
Fuentes técnicas estimaron que el sellado del pozo demandaría unos 15 millones de dólares, pero President Petroleum, lejos de responder a la resolución judicial, discutiría la responsabilidad por los derrames de ese pozo que perforó YPF en los años ochenta con un contencioso como el que demoró el sellado de otro del área -el MdT-14, de Martínez de Tineo- con derrames que causaron un desastre ecológico semejante desde 2006 hasta 2012.
Volviendo a la madeja societaria cabe resaltar que President Energy PLC, una sociedad constituida bajo las leyes de Inglaterra en abril de 2004, comunicó a la IGJ el 26 de febrero de 2018 el establecimiento de su sucursal en Argentina, con sede en Buenos Aires. Esa firma, representada por María Claudia Pérez, una contadora pública porteña, fue controlada por la compañía británica Molecular Energies hasta septiembre de 2022, cuando la escindieron junto a su subsidiaria President Petroleum toda relación comercial.
De londres, a un fondo personal y la CABA
President Energy fue una firma controlada por Molecular Energies hasta septiembre de 2022, cuando su accionista mayoritario, Peter Levine, la desmebró del grupo británico y la incorporó junto a President Petroleum a su fondo de inversiones personal: PLLG Investment.
Antes, en abril de 2019, President Petroleum había designado en su directorio a la abogada porteña Lucía Mercedes D'Agostino (presidenta), su par María Claudia Pérez (vicepresidenta) y al propio Levine como director titular. El directorio de la operadora de Puesto Guardián mutó después con otras incorporaciones, como las de Diego Ezequiel de la Vega y Ulises Sebastián Macagno, la cara visible que tiene hoy el área.
Otro caso resaltante es el de Eduardo José Esteban, quien tras integrar el directorio de President Petroleum, inscribió en 2018 a Centaur Resources SAS, como socio y accionista único. Esa Sociedad por Acciones Simplificada también reformó su estatuto y cambió su denominación a Puna Argentina, con sede legal en Salta. El cambio de denominación de la minera se remonta a agosto de 2021, pero recién se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia el 24 de enero de 2023.