En los últimos meses ha cobrado fuerza el debate sobre la prohibición del uso de redes sociales a menores de edad. Aunque la intención de proteger a nuestros jóvenes parece bienintencionada a simple vista, la medida resulta poco práctica y contraproducente. Lejos de resolver el problema, una prohibición total desconoce la realidad de los adolescentes y traslada equivocadamente las responsabilidades.
En primer lugar, desde el neuromarketing se conoce bien el fenómeno del "efecto de la fruta prohibida". La idea de romper una regla o acceder a algo restringido genera una descarga previa de dopamina: el cerebro encuentra un placer intenso en la anticipación y en la conquista del riesgo. En la etapa de la adolescencia, donde los mecanismos de autorregulación aún están en desarrollo, esta dinámica se potencia. Prohibir las redes no alejará a los chicos de ellas; por el contrario, convertirá su acceso en un desafío más deseable y estimulante. Es decir, van a encontrar el modo.
En segundo lugar, no podemos ignorar que las redes sociales constituyen hoy el espacio de socialización por excelencia para los adolescentes. Si en generaciones anteriores el canal habitual para encontrarse o enterarse de las novedades era la llamada telefónica - un recurso que hoy los jóvenes reservan casi exclusivamente para emergencias -, actualmente la interacción pasa por el entorno digital. Los chicos chatean, comparten y construyen su identidad mientras navegan o juegan videojuegos. Las redes son su forma de ser y estar en el mundo. Privarlos de ese entorno no elimina su necesidad de socializar, solo los aísla de sus pares.
Asimismo, esta clase de legislación le quita responsabilidad a los padres. En los últimos años hemos visto cómo muchos adultos han ido desligándose de tareas fundamentales en la crianza. Un ejemplo práctico de esto se observa a diario en el ámbito escolar o familiar: ante los problemas de conducta, límites o rendimiento académico, se busca delegar la solución a la escuela, en el Estado o mediante una ley, cuando todo empieza en la casa. Pretender que una prohibición legal haga el trabajo de supervisión y guía que corresponde al hogar es una ilusión cómoda que no aborda la raíz del problema.
Por otra parte, prohibir el uso de estas plataformas elimina un espacio valiosísimo para que los padres se acerquen a los chicos. La tecnología debe ser un puente, no un muro. Involucrarnos en su mundo digital nos permite entablar un diálogo cotidiano, conocer sus intereses y detectar a tiempo las situaciones de riesgo a las que puedan estar expuestos. Si clausuramos ese canal con una restricción absoluta, perdemos la oportunidad de acompañarlos y orientarlos.
Por todo esto, hago un llamado a nuestros legisladores a capacitarse en profundidad sobre la temática y a observar con rigor lo que ha sucedido en otros países. La experiencia internacional demuestra que, ante la prohibición, los jóvenes no dejan de usar las redes, sino que migran hacia vías clandestinas y entornos aún menos controlados para acceder a ellas. Si hoy las redes sociales ya plantean serios desafíos de seguridad, empujar a los adolescentes a la clandestinidad digital solo incrementará su vulnerabilidad. La solución no pasa por vetar, sino por educar, acompañar y legislar con conocimiento real de la época.
(*) Mg. en Polìticas Públicas (FLACSO)
Lic. en Ciencias de la Comunicación (UNSa)
Diplomando en Neurociencias aplicadas a la publicidad (UCASAL)