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La educación argentina atraviesa un momento de profunda crisis. No es una crisis nueva, ni una sorpresa. Es una crisis anunciada, prolongada, a veces negada, a veces maquillada con titulares optimistas o con medidas vistosas que buscan disimular lo que no se quiere enfrentar. En este contexto, el anuncio reciente del reemplazo parcial de las Pruebas Aprender por un nuevo sistema denominado AMPL 2025, acompañado de un contrato millonario a una empresa privada, puso nuevamente el foco sobre la evaluación de los estudiantes. Pero es necesario ir más allá: si vamos a hablar de evaluación, hablemos de todo lo que necesita ser evaluado. Porque no alcanza con diagnosticar al alumno si no se revisa también quién enseña, cómo enseña y en qué condiciones se enseña.
La educación pública - esa que supimos construir con esfuerzo colectivo y orgullo social- no puede sostenerse sobre un sistema de designaciones que, en muchas ocasiones, responde más a vínculos personales que a méritos profesionales. Hay que tener el coraje de mirar hacia adentro, de cuestionar estructuras, de revisar prácticas. Cuando los alumnos fracasan, hay que evaluar si quienes están al frente del aula están preparados para enseñar.
¿Cómo se evalúan los docentes antes de ser nombrados? ¿Cuántos ingresan sin haber rendido un solo examen de oposición? ¿Cuántos acceden a cargos titulares sin haber transitado un concurso serio y transparente? ¿Quién garantiza que la formación inicial docente responde a las nuevas necesidades?
La calidad educativa empieza por el docente. Y si ese pilar está debilitado por un sistema que prioriza el acomodo sobre el mérito, no hay reforma educativa que alcance.
La evaluación de los estudiantes ha sido presentada en estos años como una herramienta de transparencia y mejora. En teoría, su objetivo es detectar dificultades, orientar políticas públicas, ajustar contenidos y fortalecer aprendizajes. Pero en la práctica, ha funcionado muchas veces como un mecanismo para justificar decisiones tomadas de antemano, o peor aún, como una estrategia de maquillaje institucional.
La evaluación no es el problema. Lo que está en crisis es el sistema que se pretende evaluar. Un sistema que se autocontrola, que se autopremia, que reproduce sus propias falencias.
Los números son útiles, claro. Nos dan una fotografía general de la situación. Pero como toda fotografía, congelan el instante y muchas veces ocultan la película completa. Detrás de cada porcentaje hay una historia, un contexto, una serie de condiciones que explican mucho más que el resultado en sí mismo.
Un alumno que no comprende un texto o no resuelve una ecuación no es un número deficiente: es el resultado de un entramado social, familiar, escolar, emocional y económico. La evaluación sin contexto es un arma peligrosa. Porque permite señalar sin comprender, castigar sin acompañar, etiquetar sin transformar. Y eso, en educación, es una forma de violencia institucional.
Hay que revisar las políticas de formación docente, los criterios de ingreso y ascenso en el sistema, la coherencia de los diseños curriculares, la inversión real en infraestructura y tecnología, el acompañamiento a las trayectorias escolares, el vínculo entre escuela y comunidad. Y, sobre todo, hay que auditar la transparencia en las designaciones.
La evaluación del sistema
Nadie que ame la escuela pública puede negar la importancia del rol docente. Y nadie que haya estado frente a un aula desconoce las dificultades cotidianas que implica enseñar hoy en Argentina. La precarización laboral, los salarios bajos, la sobrecarga administrativa, la violencia escolar y la falta de recursos son problemas reales. No se puede hablar de calidad educativa si no se promueve también una cultura de la evaluación y la mejora continua dentro del cuerpo docente. Evaluar a los docentes no es criminalizarlos ni estigmatizarlos. Es exigir a cada docente un compromiso ético con su tarea. Porque enseñar no es solo un derecho laboral: es un pacto con el futuro.
El sistema educativo necesita una evaluación profunda, transversal y honesta. Que no se limite a medir resultados, sino que revise procesos. Que no apunte solo al alumno, sino también al docente, al directivo, al supervisor, al funcionario. Que no sirva para legitimar decisiones empresariales ni para alimentar discursos meritocráticos vacíos, sino para transformar de verdad lo que no funciona.
Cambiar una prueba no cambia la educación. Cambiar una sigla no mejora el aula. Evaluar sin revisar el sistema es como mirar por el espejo retrovisor para decidir el rumbo futuro. Hay que tener la valentía de mirar hacia adelante, de asumir errores, de enfrentar privilegios enquistados y de construir una escuela pública que sea, de verdad, motor de justicia social.
Argentina no necesita más pruebas, necesita más coraje. El coraje de preguntarse: ¿quién enseña? ¿por qué enseña? ¿cómo llegó a ese lugar? ¿está preparado para estar allí? ¿se forma de manera continua? ¿es acompañado en su tarea? ¿tiene vocación real o solo una estabilidad asegurada?
Hasta que no respondamos esas preguntas con honestidad y con políticas firmes, cualquier evaluación será solo un espejismo. Un parche más. Una forma elegante de seguir sin cambiar nada.