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Imputan al ex secretario de Seguridad Benjamín Cruz por el ingreso irregular de Darío Monges al Penal de Orán

El exfuncionario quedó imputado por el delito de tráfico de influencias. Fue acusado en el marco de la causa que investiga visitas irregulares en la cárcel de Orán a partir de elementos surgidos durante la audiencia de debate que se desarrolló en el ámbito de la Justicia Federal por el homicidio de Darío Monges. 
Viernes, 04 de octubre de 2024 15:07

Benjamín Andrés Cruz, ex Secretario de Seguridad de la provincia de Salta, fue imputado por el delito de Tráfico de Influencias en relación con el ingreso irregular de Darío Esteban Monges a la Unidad Carcelaria N° 3 de Orán, ocurrido en junio de 2022. La imputación, presentada el pasado viernes, surge a partir de la investigación derivada de elementos surgidos durante la audiencia del juicio por el homicidio de Monges que se desarrolla en la Justicia Federal.

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Benjamín Andrés Cruz, ex Secretario de Seguridad de la provincia de Salta, fue imputado por el delito de Tráfico de Influencias en relación con el ingreso irregular de Darío Esteban Monges a la Unidad Carcelaria N° 3 de Orán, ocurrido en junio de 2022. La imputación, presentada el pasado viernes, surge a partir de la investigación derivada de elementos surgidos durante la audiencia del juicio por el homicidio de Monges que se desarrolla en la Justicia Federal.

El caso comenzó a tomar relevancia tras la revelación de que Monges ingresó al penal bajo la falsa pretensión de ser asesor del Ministerio de Seguridad, solicitando entrevistarse con el entonces recluso Oscar Alberto Díaz, condenado y de alta peligrosidad. Se sospecha que dicho acceso habría sido facilitado por Cruz, quien habría ejercido su influencia para que se autorizara la visita, superando los límites de su competencia como funcionario público.

La Unidad Fiscal, conformada por la fiscal penal de Orán, Mariana Torres, y el fiscal penal de Salta, Ramiro Ramos Ossorio, informó el 1 de octubre que Cruz será citado a audiencia de imputación, en la que optó por presentar su declaración por escrito.

El delito de tráfico de influencias, previsto en el Código Penal, puede acarrear la pena de inhabilitación perpetua, ya que involucra el uso indebido de un cargo público para inducir a otro funcionario a realizar actos fuera de su competencia, a cambio de un beneficio.

Este hecho se suma a la causa que también investiga al ex director General de Políticas Penales de la provincia, Ángel Sarmiento, quien enfrenta cargos de  y revelación de secretos calificada en perjuicio de la administración pública. La causa de Sarmiento ya ha sido requerida a juicio, vinculándose estrechamente con el ingreso irregular de Monges.

El hecho en cuestión ocurrió el 1 de junio de 2022, cuando Monges ingresó al penal de Orán haciéndose pasar por un asesor del Ministerio de Seguridad, supuestamente con la autorización de Sarmiento y, por ende, de Cruz. Se sospecha que esta autorización excedió los límites legales y competenciales, lo que desencadenó una serie de investigaciones en torno a las acciones de ambos exfuncionarios.

 

Es importante señalar, que la investigación propia del homicidio del Sr. Darío Monges, se inició en el ámbito provincial quien debió declinar su competencia. Las tareas de investigaciones iniciales que se llevaron a cabo en la jurisidicción provincial ya arrojaban sospecha fundada sobre la intervención de los imputados  Roberto Catalino Bejarano y a sus hijos, Santiago Ismael y Roberto David, acusados de asesinar a  Darío Monges,  habiéndose formulado decreto de imputación en tal sentido, no obstante, luego y del avance de la investigación surgieron elementos que hicieron necesaria la intervención de la Justicia federal. 

Resulta necesario aclarar que por las irregularidades del ingreso del Sr. Darío Monges a la Unidad Carcelaria N° 3 de Orán, a cargo del Servicio Penitenciario de la Provincia, se encuentra activa una investigación en curso en la jurisdicción provincial  y en permanente coordinación con los avances y estado procesal de la investigación que lleva adelante la Procuraduría de Narco Criminalidad de la Procuración General de la Nación, puesto que se tratan de procesos complejos que podrían involucrar organizaciones criminales y toda injerencia de terceros ajenos a la investigación resultan pretensiones infundadas que intentan provocar confusiones e interferencias perniciosas contrarias a la finalidad del proceso penal.

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