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En la Sala I del Tribunal de Juicio comenzó la audiencia de debate en la causa seguida contra Alfredo Daniel Soto (49), por el delito de peculado (dos hechos), en concurso real. Se trata del exintendente de Iruya entre los años 2015 y 2019.
Según consta en la causa, en diciembre de 2019, último día de su gestión, Soto emitió tres cheques a nombre de la Municipalidad de Iruya que él mismo cobró, sin rendición oficial de cuenta.
El exjefe comunal también fue denunciado por la falta de documentación respaldatoria en relación al destino de fondos enviados por el gobierno provincial en el marco de los planes sociales AIPAS, Asistencia Crítica y Pan Casero.
El juicio comenzó el viernes pasado con tribunal colegiado integrado por los jueces Javier Aranibar (presidente), Martín Pérez y Leonardo Gabriel Feans (vocales). Por el Ministerio Público interviene el fiscal Pablo Rivero. La defensa está a cargo de Nilda Emilse Garnica. Por la parte querellante actúa Eliana Verchan, en representación de la Municipalidad de Iruya.
Durante el primer día del juicio comenzó la recepción de pruebas testimoniales. Declararon la abogada Eliana Verchan, la contadora que realizó la auditoría externa a solicitud del actual intendente (la cual arrojó una serie de irregularidades); la propietaria de un corralón. El acusado solicitó declarar y lo hizo al término de la jornada.
La audiencia continuará el 4 de marzo en Ciudad Judicial y luego, el 5 y 6, el tribunal y las partes se trasladarán a Iruya donde se recibirán nuevas pruebas testimoniales.
El caso de Angastaco
El caso recuerda a otro iniciado contra un exjefe comunal que también resultó condenado a mediados del año pasado junto a su esposa.
En junio de 2023 el exintendente de Angastaco, Eduardo Ramón Díaz (64) resultó condenado a la pena de tres años de prisión condicional e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos como autor del delito de peculado (malversación de fondos públicos) en perjuicio de aquella municipalidad. En el mismo fallo, su esposa, Alicia Elvira Ríos (64) resultó condenada a dos años y tres meses de prisión condicional como partícipe secundaria del mismo delito y como autora del delito de falsificación de instrumento público, también en perjuicio de la comuna de Angastaco.
El ex intendente y su esposa fueron condenados por irregularidades cometidas en la administración de la Hostería de la Municipalidad de Angastaco. Díaz designó de hecho a su pareja como encargada del hospedaje, sin acto administrativo o procedimiento que avale dicho nombramiento. La explotación de la hostería se llevó a cabo sin rendición de cuentas a la comuna. Esto facilitó la sustracción de ingresos que le correspondían a las arcas municipales.