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Desde abril pasado comenzaron a llevarse a cabo una serie de procedimientos legales en el marco de una investigación donde la Justicia Federal ordenó identificar a integrantes de una banda criminal dedicada a la estafa y extorsión telefónica, cuyas víctimas eran distintas Unidades de Gendarmería y sedes judiciales del fuero federal y provincial en Jujuy.
El engaño era perpetrado mediante llamadas telefónicas por personas que, haciéndose pasar por funcionarios a través de nombres falsos y diciendo pertenecer a Juzgados o Fiscalías federales inexistentes, intentaban obtener información sensible. Esta modalidad, conocida como "vishing", consistente en el uso de una línea telefónica convencional e ingeniería social, datos de público conocimiento e información accesible desde las redes sociales para engañar a personas y obtener información privada.
Tras meses de trabajo coordinado entre la Subdirección de Delitos Tecnológicos de la Fuerza y las Unidades de Reunión de Información de Buenos Aires, Misiones y Jujuy, fue posible identificar a los estafadores, que resultaron ser presos de Jujuy, quienes guardaban lazos familiares entre sí. Uno de ellos se encontraba detenido en un penal de San Salvador, mientras que el resto cumplía con prisión domiciliaria en una casa de la misma ciudad por delitos relacionados con la comercialización de estupefacientes.
Los allanamientos permitieron corroborar que los investigados utilizaban aparatos de telefonía celular y dispositivos electrónicos para cometer los ilícitos, tras lo cual los magistrados intervinientes dispusieron el secuestro de los elementos hallados: celulares, notebooks, tarjetas bancarias, cuadernos con anotaciones y documentación de interés.