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Un comisario de la provincia de La Pampa se valió de la mano de obra gratuita de los detenidos bajo su custodia para que trabajaran para él durante los festejos de su boda.
Los detenidos fueron al salón del evento sin custodia y trabajaron haciendo el asado y sirviendo a los invitados como si fueran un equipo de servicio de lunch privado.
Descubierta la maniobra por distintas denuncias, un fiscal llevó adelante la causa y logró una condena contra el funcionario policial.
Según la investigación, los detenidos fueron sin custodia hasta el salón y luego regresaron a sus celdas. El jefe policial enfrenta una condena por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Un comisario de La Pampa desató un escándalo a partir de un hecho insólito en su boda: ordenó a seis presos que prepararan un asado para los invitados, hicieran de mozos y luego limpiaran el salón.
El jefe de la subcomisaría de Lonquimay, oficial inspector Cristian Martín Galván, organizó su fiesta de casamiento en un salón ubicado a una cuadra de la dependencia policial. Según la investigación, los detenidos caminaron sin custodia hasta el lugar y, tras la celebración, regresaron por sus propios medios a sus celdas.
La acusación contra el comisario
Durante la última semana, a raíz del festejo ocurrido el 31 de mayo del año pasado, Galván enfrentó un juicio en el Centro Judicial de Santa Rosa por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El jefe policial está acusado de utilizar indebidamente al personal y los recursos del Estado para un evento privado, además de posibles violaciones a los derechos de los detenidos.
"El debate se inició este miércoles. Estuvieron todos los testigos que ofreció la fiscalía, que son policías. Este jueves, también como testigos de la fiscalía, declararon los detenidos que estaban ahí. Algunos de ellos son los que fueron al salón", explicaron fuentes del Ministerio Público Fiscal de La Pampa a La Arena.
El juicio concluyó este viernes con la declaración de los testigos ofrecidos por la defensa, que son familiares del funcionario policial, y con los alegatos de cierre. En los próximos días se conocerá la sentencia.
El juez de la causa es Andrés Aníbal Olié y el fiscal que llevó adelante la investigación es Guillermo Alberto Sancho.
"Se le imputa el incumplimiento de los deberes de funcionario público, que prevé una pena de entre un mes y dos años de prisión, y el doble de tiempo de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos", remarcaron desde el MPF.
Además del juicio penal, Galván enfrenta un sumario en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.